A un mes del histórico fallo que condenó a Santiago Graffigna y su banda por la megacausa de expropiaciones, el tribunal dio a conocer los fundamentos de la sentencia y en ella apareció un detalle que provocó sorpresa en Tribunales: el pedido para que se investigue a un juez por la presunta participación en los delitos de estafa que fueron probados durante el juicio. Se trata del actual juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, Roberto Pagés Loveras.
Además, para la autoridad compuesta por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, quien podría haber incurrido en la comisión de delito es el abogado de Horacio Alday, Raúl Alonso. Es por eso que, para ambos casos, solicitó a la Unidad Conclusiva de Causas que indague sobre las actuaciones de los nuevos imputados, lo que conformaría la continuidad de la investigación judicial más extensa de la historia, en la justicia local. Es que van 15 años y contando.
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En el dictamen de 4.813 páginas, el tribunal puso la lupa sobre el magistrado que fue titular del Cuarto Juzgado Civil. A grandes rasgos, las sospechas recaen sobre él porque, en el juicio, se comprobó la defraudación por parte de Graffigna y los suyos en expedientes que pasaron por las manos de Pagés Lloveras. Es por eso que resultó confusa su intervención y, por ello, lo mandaron a investigar.
Con esta acción del tribunal, Pagés se convierte en el tercer juez sospechado de haber participado de la asociación ilícita encabezada por Graffigna, que estafó al Estado con sumas millonarios en procesos expropiatorios irregulares. Previamente, los magistrados que transitaron por el mismo lugar fueron Carlos Macchi y Rosalba Marún de Sobelvio.
El primero estaba a cargo del Quinto Juzgado Civil y fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento, dada su implicación en la megacausa. Por su intromisión, fue condenado a 6 años y 2 meses de prisión efectiva. Por su parte, quien estuviera al frente del Primer Juzgado Civil, que se jubiló en 2013, fue procesada por integrar la banda de guantes blancos, pero no llegó a ser condenada porque falleció en 2021.
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Por otro lado, Alonso también será investigado por pedido del tribunal colegiado. Como ya lo había anticipado este diario, el abogado y apoderado de Alday fue apuntado como presunto partícipe de los delitos juzgados y probados en el debate, cuya resolución se conoció el 4 de julio pasado. El mismo supo llevar adelante trámites en nombre de Alday y quedó salpicado por la causa "Ruiz Guillermo".
Quien fuera concejal de Rivadavia recibió de Graffigna un 25% de las liquidaciones a cobrar por la expropiación del terreno situado en Matías Zavalla y San José, en Capital. El caso fue conocido por tratarse de la vereda más cara de la historia de la Provincia. Durante la investigación, Alonso fue señalado como el nexo entre Alday y Graffigna a pesar de que el primero aseguraba que no mantenía vínculos con el segundo.
Este lunes por la mañana, en sala 9 de Tribunales, las partes se hicieron presentes y obtuvieron las copias del vigoroso fallo, el cual será analizado por los abogados defensores y será la base de sus apelaciones, en lo que se viene. Ahora bien, se abrirán dos caminos judiciales: por un lado, el de la causa madre que será impugnada y que será objeto de diversos recursos, y por otro, la nueva causa que se originará en la Unidad Conclusiva en consecuencia.
Como también lo había anticipado este diario, Marcelo Parra, el contador vinculado a Alday, será investigado como los mencionados por las autoridades. Del mismo modo, ordenó que la situación procesal de los Carlos Infante y Gustavo Mulet sea resuelta.
