El juicio por expropiaciones, en su etapa más jugosa y explosiva

Es que si bien finalizaron las exposiciones de la fiscalía y la querella, en las que pidieron penas para los imputados y más de la mitad de ellos afronta la posibilidad de terminar tras las rejas, todavía quedan las respuestas de las defensas y, por ese motivo, el debate se extenderá hasta el próximo año.

Se estima que el defensor del principal acusado, Santiago Graffigna, culmine con sus alegatos y de paso a las otras defensas para hacer lo propio y solicitarle al tribunal colegiado la absolución de sus respectivos patrocinados. Durante cuatro jornadas, Marcelo Fernández exhibió los argumentos por los que el hombre señalado como cabecilla de la organización criminal debería ser desligado de cualquier sospecha, como así también apuntó contra varias figuras que estuvieron vinculadas al expediente.

El abogado de Graffigna no sólo cuestionó el obrar de quienes impulsaron la megacausa, sino que directamente los denunció en la justicia penal. No obstante, la maniobra que levantó polvareda se planchó la semana pasada cuando fue desestimada por la fiscalía. Aún así, no todo está dicho y hay chances de que otro fiscal considere que es necesario abrir una investigación dado el señalamiento hacia, por ejemplo, un actual miembro de la Corte de Justicia, Guillermo De Sanctis.

Además, el letrado le metió presión a los jueces que presiden el debate, Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, y les solicitó que no se dejaran influir por quien está por encima de ellos dentro del sistema judicial, en referencia a De Sanctis. Del mismo modo, anticipó que denunciará a otros participantes del juicio por falso testimonio.

Previo a la denuncia que enfundó sospechas contra aquellos que denunciaron la defraudación y antes de que el abogado advirtiera lo que se viene, tanto la Fiscalía de Estado -representada por Sebastián Dávila y Rubén Pontoriero- como el Ministerio Público -encarnado por Daniel Galvani y Liliana Marinero- apuntaron contra los procesados con fuertes penas.

Los querellantes fueron al huso y pidieron 25 años de prisión para el líder de la asociación ilícita, mientras que para el ex juez del Quinto Juzgado Civil, Carlos Macchi, solicitaron 18 años y para Horacio Alday, que es considerado partícipe necesario en la comisión delictiva, 15 años de prisión efectiva. Para el resto requirieron penas menores, que oscilan entre los 12 y 3 años de condena.

Sin embargo, para los tres ex miembros del Tribunal de Tasación, Adolfo Cravero, Julio Fernández y Eduardo Olivera, desistieron de sostener la acusación en su contra, a diferencia del fiscalía que apuntó contra todos. Para Graffigna, pidió 15 años de prisión, señalado por 6 hechos delictivos.