Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEHasta con juez sustituto, el debate comenzó este viernes por la tarde contra los cuatro acusados, sospechados por defraudación en perjuicio de la administración pública, por cobrar por prestaciones fantasmas que nunca fueron dadas. Si bien la fiscalía anticipó que pedirá 3 años de prisión condicional, la parte querellante advirtió que buscará prisión efectiva para todos.
Este viernes por la tarde, comenzó el juicio contra Garder Salud, la prestadora de la Obra Social Provincia acusada de estafa, y sus representantes se sentaron -una vez más- en el banquillo de los acusados. Se trata de Eduardo Guzmán, Marilina De la Fuente, María Florencia Molina De la Fuente y María Noel Becerra, sospechados de defraudación en perjuicio de la administración pública, en concurso real, y de adulteración de instrumento privado, en concurso ideal.
Los tres primeros imputados son considerados coautores en 26 casos, mientras que la cuarta implicada es tenida en cuenta como partícipe necesario en un hecho. Es por eso que el fiscal Iván Grassi, frente al juez de Garantías Matías Parrón y la sustituta Flavia Allende, anticipó que su pretensión punitiva será de 3 años de prisión condicional para los principales responsables y de 2 años de prisión en suspenso para la médica.
En ese marco, la parte querellante, que está conformada por los abogados de la Fiscalía de Estado, advirtió que buscará que el castigo sea mayor para los cuatro implicados, es decir, de prisión efectiva dada la gravedad de los hechos endilgados y la cantidad que se registró de los mismos. "Fue a través de un caso testigo que las maniobras fraudulentas salieron a la luz y en una auditoría externa, realizada por Nivel Salud, se observó un ritmo exponencial de prestaciones de parte de la empresa, lo que disparó la investigación interna que culminó con la denuncia", sostuvo el letrado Claudio Herrera.
El funcionario del Ministerio Público detalló que Garder cobró por elementos y prácticas que nunca fueron dados, mediante la presentación de documentación falsa para engañar a la obra social del Estado y así obtener las ganancias por ello. Luego de que se radicara la denuncia, los investigadores de la UFI de Delitos Especiales descubrieron que durante el 2022 se perpetraron dos modalidades de estafa.
Una de ellas fue la de falsear información para recibir dinero por la entrega de módulos alimentarios a pacientes que nunca los recibieron, en 8 oportunidades, y la otra fue la inexistente internación domiciliaria, en 18 ocasiones. Eso fue lo que le achacó a los representantes de la empresa, es decir, a los coautores del delito en juicio.
Por su parte, a la médica Becerra la acusó de realizar una prescripción de internación domiciliaria para una afiliada con un recetario y el sello de otro colega, lo que no sólo violaría los códigos de ética de su profesión sino que incurriría en un ilícito. Es por eso que el fiscal adelantó que el debate será extenso por la prueba documental que se presentará, por los testimonios y por los peritos de diferentes especialidades que ofrecerán su apreciación. "Acá hay mucho en juego, porque hay que ver cuestiones de administración pública, de prácticas médicas y de protocolos administrativos", anticipó Grassi.
Ante la teoría del caso que expuso el fiscal, secundado por Adrián Elizondo, los defensores hicieron su parte al negar los hechos y argumentar brevemente por qué la sentencia debería ser absolutoria para sus defendidos. En ese orden, el primero en tomar la palabra fue Diego Molina, quien en representación de Florencia Molina, aseveró que la joven es inocente y que lo único que hizo fue confiar en su madre al poner su nombre en la organización privada. Como abogada, sostuvo que sólo participó del armado de la sociedad y que su único pecado fue no salir a tiempo de ello.
El abogado Fernando Castro, que patrocina a la médica imputada, manifestó que la profesional de la salud no era socia de Garder y que tampoco tenía relación directa con la empresa, tal como lo señala la fiscalía que dice que era empleada de la empresa. Por todo ello dijo que la imputación no corresponde y que la sospecha sobre ella es en un solo caso. "No ha colaborado en la producción del resultado", sentenció.
Daniel Balmaceda, el abogado que defiende a Marilina De la Fuente y a Eduardo Guzmán, aseguró que a pesar de la instancia de debate en la que se encuentran no se demostró una conducta típica, antijurídica y culpable, en otras palabras, no se configuró el delito por parte de sus defendidos, a su entender. Por una parte, explicó que la empresaria sólo fue una representante legal de la firma y que no firmó ninguna autorización ni historia clínica alguna. Por otra, afirmó que nada fue probado sobre la conducta de Guzmán, ni sus firmas. Además, señaló que no tenía control en la organización.
El juicio continuará en los próximos días y se prevé que el proceso será largo, por lo que la administración de justicia resolvió que la jueza Allende participe del mismo, frente a la posibilidad de que le surja un inconveniente a Parrón, que haga frenar el debate. La misma no tendrá intervención alguna, sólo será oyente, pues el juicio es unipersonal, y su participación está vinculada a evitar planteos de nulidad futuros, si su colega no puede asistir a las audiencias por causa de fuerza mayor.