A casi 3 meses del comienzo del juicio contra el excortista Juan Carlos Caballero Vidal, acusado de no hacer la investigación para esclarecer el secuestro y la tortura de Héctor Cevinelli como así también la muerte de Alberto Carvajal, delitos de lesa humanidad, la fiscalía de la justicia federal pidió que sea castigado con 2 años de pena.
En la etapa de alegatos que inició este lunes, el fiscal Francisco Maldonado señaló a quien fuera juez de primera instancia, en la época de la dictadura, como autor penalmente responsable de incumplimiento de la obligación de promover la acción penal en el caso de Cevinelli, en concurso real con encubrimiento por no haber denunciado la comisión de delitos, este último por el caso de Carvajal.
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Juan Carlos Caballero Vidal, excortista enjuiciado
Por esa acusación, el funcionario de la justicia federal le solicitó al triunvirato de jueces, compuesto por el Daniel Doffo (presidente) y las magistradas Carolina Pereira (San Luis) y Eliana Rattá, que lo castigaran con 2 años de pena e inhabilitación absoluta por el término de dos años, más las costas de proceso y accesorias legales. En ese sentido, el cumplimiento de la pena sería en libertad.
Si bien se espera que la defensa técnica de Caballero Vidal –encarnada por Fernando Castro- se oponga a ese pedido de condena, la exposición del defensor particular se conocerá recién el próximo 23 de mayo, cuando se lleve adelante una nueva audiencia.
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Fiscal Francisco Maldonado
Del mismo modo en que ocurrió en el inicio del debate, el exjuez e integrante de la Corte de Justicia de San Juan presenció los alegatos vía Zoom.
El excortista en 2018 fue procesado por el Segundo Juzgado Federal, Leopoldo Rago Gallo y se transformó en el funcionario de más alto cargo judicial en el país en ser procesado por crímenes de lesa humanidad; delitos que habría cometido cuando era juez de primera instancia en la última dictadura militar.
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Jueces Eliana Rattá y Daniel Doffo
Héctor Cevinelli fue detenido y torturado, pero sobrevivió. Por su parte, Ángel José Carvajal fue la víctima fatal que murió tras la tortura que sufrió por parte de los represores en el interior del Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.
No hay antecedentes en el país de un cortista imputado por lesa humanidad. Menos aún de un excortista procesado por delitos de lesa humanidad. Los cargos más altos imputados por esos crímenes habían sido de camaristas federales de Mendoza. Es por ello que, de ser condenado, el hecho marcaría un precedente a nivel nacional.