Hay una trampa, sutil pero peligrosa, en la coyuntura política actual: la de creer que resistir es suficiente. Que alcanza con defender lo que existe, con cerrar filas en torno a instituciones que alguna vez fueron conquistas populares pero que hoy aparecen debilitadas, deslegitimadas y corroídas por años de desinversión, burocratización y falta de audacia política. Sostener el statu quo nos deja, además, en una posición estúpida, sin sentido, aferrados a privilegios que ya ni siquiera funcionan como garantía de futuro.
El gobierno de Javier Milei ha puesto sobre la mesa, sin tapujos, la discusión por una reforma laboral y educativa. Lo hace desde una lógica brutalmente regresiva, alineada con los intereses del mercado y enemiga declarada de cualquier noción de justicia social. Pero mientras denunciamos —con razón— el contenido de esas reformas, hay algo que no podemos seguir esquivando: la necesidad real, profunda y urgente de una transformación estructural. Una reforma ya. Pero desde el campo popular.
Porque el problema no es solo quién impulsa los cambios, sino desde qué proyecto histórico. Y hoy, tristemente, los sectores populares parecen atrapados en una defensiva permanente, como si la única opción posible fuera conservar lo poco que queda. Escuelas públicas que ya no logran garantizar igualdad real. Un mundo del trabajo precarizado, flexibilizado de hecho aunque no de derecho. Sindicatos que luchan, sí, pero muchas veces a destiempo, encapsulados en lógicas del siglo pasado frente a un capitalismo que mutó ferozmente.
La paradoja es brutal: mientras el gobierno propone dinamitar derechos, los sectores populares quedan en el rol incómodo —y políticamente torpe— de defender instituciones que han perdido potencia transformadora. Se defiende la escuela, pero no se discute qué escuela necesitamos para este tiempo histórico. Se defiende el trabajo, pero no se problematiza qué significa trabajar en un mundo donde la tecnología, la informalidad y la exclusión avanzan sin freno. Y —párrafo aparte— no se habla de la salud mental de los trabajadores: la mayoría de los profesionales no son cubiertos por las obras sociales, pero lo más grave es que no existe una política sindical seria que asuma este problema estructural. No hay estadísticas, ni programas específicos, ni evaluación, ni monitoreo, ni siquiera una proyección mínima sobre cómo acompañar subjetivamente a quienes cargan con jornadas extendidas, multitareas, violencia laboral y salarios de miseria. A lo sumo, algún instituto que estudia condiciones de trabajo. Pero sobre salud mental, nada. Queda reducido al ámbito estrictamente personal, como si el agotamiento, la angustia y el estrés fueran fallas individuales y no el síntoma más evidente de un modelo de explotación que nadie se anima a nombrar.
Así, la falta de una política de vanguardia, audaz, revolucionaria si se quiere, nos condena a un lugar meramente reactivo. Y cuando la política renuncia a su capacidad de imaginar futuro, otros lo hacen por ella. Con discursos de odio, con recetas de ajuste, con promesas de orden que solo esconden más desigualdad. En este clima, el deseo social también se deformó: el sueño colectivo quedó reducido a una consigna brutal y desesperada —tener más plata en menos tiempo—. Y si la respuesta del sistema a ese deseo es la prostitución, las apuestas y los atajos que pulverizan vidas, entonces el campo popular tiene la obligación histórica de intervenir. No con moralina, sino con un modelo capaz de generar certezas y esperanzas, cuyo eje ordenador sea la educación y el trabajo como territorios de dignidad, no de descarte.
No se trata de aceptar la reforma de Milei ni de oponerse mecánicamente a todo cambio. Se trata de recuperar la iniciativa política, de volver a pensar las grandes transformaciones desde un horizonte de justicia social. Reforma laboral sí, pero para redistribuir poder, garantizar derechos reales y enfrentar la precarización estructural. Reforma educativa sí, pero para construir pensamiento crítico, comunidad, soberanía cultural, y no simples engranajes para un mercado voraz.
Si el campo popular no se anima a disputar el sentido de las reformas, si no propone su propio modelo de país, corre el riesgo de quedar petrificado, defendiendo ruinas mientras el adversario avanza con topadora. Sostener el statu quo, en este contexto, es casi un acto suicida.
No se trata solo de resistir, sino de recuperar aquella épica reformista que supo parir transformaciones profundas. La Reforma Universitaria de 1918, el Programa de Huerta Grande, el Mayo Francés: ninguno de esos hitos nació para conservar. Todos fueron irrupciones que cuestionaron lo establecido, que destrabaron sentidos, que abrieron horizontes donde otros solo veían imposibles. Allí donde hoy reina la nostalgia, alguna vez hubo audacia, imaginación política y coraje colectivo.
La imaginación al poder. Esa consigna nacida en las calles de París del ‘68, interpela con fuerza a un campo popular que parece haber olvidado su vocación transformadora. No para negar la historia, sino para reinventarla. No para destruir lo conquistado, sino para dotarlo de nuevo sentido, de nueva potencia, de nueva vida.
La historia enseña que los derechos no se conservan por inercia: se renuevan, se reinventan o desaparecen. Y hoy, más que nunca, la pregunta no es si habrá reforma. La pregunta es quién la conduce y para quién.
Porque si no tomamos la iniciativa, si no construimos una propuesta capaz de enamorar, de interpelar y de devolver esperanza, la desaparición no será solo de instituciones, sino de un proyecto colectivo que alguna vez supo soñar con una patria más justa.
