El escándalo sanjuanino que es además una prueba de fuego

Por qué el caso de prostitución/corrupción infantil por parte de figuras del ambiente social, político y empresario en la provincia pone en una probeta al nuevo sistema judicial.
domingo, 28 de marzo de 2021 · 10:18

Nada parece peor que una persona en uso de sus facultades mentales entregando a la prostitución a una menor. Nada.

Si esa persona es la tía, más motivos para la incredulidad. Y si los principales “clientes” de esta locura son personas bien grandecitas y de larga parábola política y económica, más agravantes en términos de impacto social.

Se verá si operan esas circunstancias cinematográficas al borde de la irracionalidad en el expediente judicial. Porque justo el destino puso a debutar al nuevo sistema acusatorio en medio de semejante hecho de barbarie, y los primeros pasos no han sido en el sentido de sacarle lustre a los principales activos con los que viene siendo presentado el cambio: agilidad y rapidez, el fin de las demoras absurdas y el chicaneo extremo. Por ahora, la realidad marca otra cosa, como se verá.

El caso en sí mismo marca ribetes inéditos en la historia sanjuanina. No es que no se haya visto nunca, por desgracia, el caso de una menor atacada sexualmente por una red que la explota y la somete a la prostitución. Pero pocas veces -nunca que se recuerde- con la horrorosa conjunción de factores de este episodio.

Una tía sospechada de entregadora que no es una persona desconocida en el ambiente social de la provincia. Es una reconocida influencer, no sólo de las redes, donde dispone de 16.000 contactos IG y la convierten en una de las sanjuaninas más seguidas en el ambiente de las citas de eventos y promoción. No era extraño verla aparecer junto a un grupo allegado a fiestas VIP, a desfiles de prominentes figuras locales muy vinculadas, a promociones surtidas desde los autos en el Villicum a presencia en boliches top.

A Roberto Fido Galván, uno de los “clientes”, se lo suele presentar como un ex futbolista y dirigente social, pero parece mucho más que eso. Al menos parece raro un dirigente que lucha por reivindicaciones sociales subidas a semejante nivel de confort en su vida privada. Como la camioneta de la que bajó detenido en plena Libertador, frente a una conocida cervecería, y donde protagonizó un episodio llamativo.

 

 

Y Carlos Cassab, reconocido empresario caucetero, el departamento en el que desafortunada y coincidentemente se están dando demasiados episodios de denuncia de episodios sexuales. Cassab es dueño de un comercio tradicional y hombre muy conocido por todos. Su detención en un departamento céntrico de su propiedad en pleno centro capitalino también fue de alto impacto.

Son hasta ahora los únicos tres mayorcitos involucrados en el escándalo. Que al desempeñar actividades propias de mayores, no debería ser tal. Con el detalle que la víctima tenía 14. Y que resulta difícil de creer el argumento de Galván –pronunciada por su abogado César Jofré- de que no sabía su edad y presumía que tenía 17. Que no pudo darse cuenta del supuesto “error” en ninguna de las 4 veces que la llevó a un hotel.

Ante este combo está ahora la Justicia sanjuanina. Y lo primero que ocurrió es que los fiscales que a partir del 1 de marzo cargan con la responsabilidad de la investigación y deben dar respuestas a las expectativas creadas de una evidente mejoría del sistema, chocaron frontalmente contra la voluntad del juez de garantías.

Habrá sido un episodio aislado, propio de la inexperiencia o incluso producto de viejas rispideces y pases de facturas. No se sabe. Lo concreto es que la presunta velocidad alejada de viejos cajoneos y ritmo paquidérmico del viejo sistema pareció encontrar algunos viejos resabios vivitos y coleando. Y el tiempo apremia, no sólo porque es una promesa de mejoría que siempre se hace flamear con el nuevo sistema sino porque este escándalo requiere respuestas firmes.

Ahora, los fiscales investigan y acusan, y el juez dispone. Lo primero que hubo que determinar fue la prisión preventiva: la fiscalía solicitó 70 días, el juez Matías Parrón aceptó 15. Luego, definir el lugar de detención y, de paso, esquivar toda sospecha de favoritismo o parcialidad por las poderosas condiciones de los imputados. Resolvió aceptar el pedido del empresario Cassab de ir al Marcial Quiroga, cuando el propio hospital señaló luego que el imputado no reunía las condiciones para estar hospitalizado. Allí pasó 5 de los 15 días de preventiva, hasta que fue derivado a la Central de Policía.

Y finalmente, hubo un cortocircuito potente en la producción de un indicio clave: la declaración de la niña afectada, en el dispositivo correspondiente del Anivi. Por varios días, la justicia operó prácticamente con los ojos vendados porque no escuchó a la víctima y sólo se orientó por la denuncia de la madre, sin detalles, más los objetos que pudieron haber sido producto de un allanamiento.

La declaración de la joven se demoró 3 días gratuitamente, del martes al viernes, por esas viejas y queridas chicanas. Era tan importante porque de allí pueden aparecer más detalles que son centrales para armar la acusación, que es la nueva tarea de los fiscales. Agravantes que eleven la calificación del delito, por ejemplo. O atenuantes, también. No es lo mismo calificar de estupro simple (3 a 6 años de prisión) que agravado (de 5 a 15).

O que apareciera la figura de corrupción de menores, hasta ahora ausente en las calificaciones del fiscal pero que puede desprenderse del testimonio de la joven. Corrupción es hacer lo necesario para corromper a alguien que no lo era. Y en una niña de 14, es fácil comprender que hace bien poco no estaba en estado de corrupción y alguien hizo lo necesario para depositarla en esa condición. Pero curiosamente, esa definición del Código Penal no apareció, y podría caber a los tres imputados.

Por eso era tan importante escuchar a la víctima, lo que iba a ocurrir en una audiencia de anticipo probatorio el martes pasado. Se trata de un anticipo porque teóricamente ese testimonio debe ser producido en el juicio, que tratándose del nuevo sistema puede esperarse para dentro de 3 o 4 meses en lugar de los 5 años de distancia mínimo en llegar a juicio que hubiera tardado en el anterior sistema. Si es que llega y nadie se olvida.

Al ser una pericia tan importante para redondear la acusación, es decir de qué se los va a acusar a los detenidos, se solicitó razonablemente lo que se llama anticipo probatorio. Pero la audiencia se suspendió porque el juez Matías Parrón decidió aceptar los recursos dilatorios de los defensores de los acusados y bajarle la velocidad al proceso judicial. Como era antes.

Los abogados plantearon que en la audiencia del domingo en el que fijó prisión preventiva el juez cumplió funciones delegadas a los fiscales, es decir tomar medidas de impulso de la causa. Y como es una función que le está vedada, le pidieron que se aparte. Antes que se expidiera el tribunal, Parrón dejó la causa el viernes a otro juez con las postergaciones a cuestas. Y la niña, amenazada y con custodia, en su casa.  

En el Ministerio Público atronó la furia. ¿Cómo va a estar el juez dando impulso si sólo está resolviendo un pedido de los fiscales?, se preguntaban. Lo que es peor, ¿qué señales deja para el resto de los procesos que vendrán? La rapidez y la ausencia de dilaciones, al tacho.

Los defensores, en cambio, sostienen que el estupro es excarcelable y que con el anterior sistema ya estarían en libertad. Aparece allí un tema de suma delicadeza para la justicia: ¿dejarlos libres en un caso tan escandaloso?, ¿con que cara hacia la sociedad, en el debut del nuevo sistema? Para eso, ya se están abriendo los paraguas. Los fiscales parecen decididos a acusar por delitos más graves y prolongar la preventiva, habrá que ver qué hace el nuevo juez Avelín.

Una alternativa que ya tienen los defensores es aceptar una pena en un juicio abreviado. Deben ocurrir dos cosas: que la fiscalía lo acepte –de lo que hay dudas- y que admitan el delito. Lo que no es poco decir.

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