La decisión de la jueza forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), y que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización, encarado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y que contó con el aval de una ley del Congreso votada por amplia mayoría.
