DNU

¿En qué consiste el nuevo decreto de extinción de dominio?

La clave es que el proceso judicial se tramitará en sede civil, en forma paralela al juicio penal. El imputado deberá demostrar que adquirió el bien en forma legal. Se invierte la carga de la prueba. 
lunes, 21 de enero de 2019 · 17:38

A partir de la publicación del DNU, la Justicia civil tendrá los elementos jurídicos para agilizar la extinción de la propiedad de los bienes de delincuentes investigados por narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo, trata de personas y demás delitos graves. Tendrá una retroactividad de 20 años.

El proceso civil se iniciará una vez dictada en sede penal una medida cautelar sobre los bienes. Para ello, se creará una fiscalía especializada que trabajará para determinar si el patrimonio de los delincuentes está constituido en forma ilícita.

La tramitación civil del proceso es la clave del DNU que firmó el presidente Mauricio Macri, ya que acelera el trámite de la extinción de dominio en comparación con las herramientas con las que contaba el Estado hasta ahora.

No solo se tramitará en paralelo al proceso penal, sino que el juez civil podrá incautar los bienes y disponer de ellos si el imputado no logra demostrar que fueron adquiridos lícitamente, evitando las dilaciones de los procesos penales. En concreto: se invierte la carga de la prueba.

Por cierto, el demandado gozará de todas las garantías para probar la legalidad de sus bienes, de acuerdo a las garantías constitucionales del debido proceso y del derecho a la propiedad.

En efecto, la Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que "la propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley".

El DNU parte del supuesto de que "como todo derecho constitucional, el derecho de propiedad no es absoluto ni ilimitado", y "nadie tiene derecho de propiedad sobre un bien mal habido", dice un párrafo de los fundamentos del decreto que será oficializado en las próximas horas.

La retroactividad se estipulará en 20 años. Es decir, se investigarán los bienes adquiridos en forma ilegal desde el presente hasta 20 años atrás para que la Justicia dictamine, posteriormente, si efectivamente fueron comprados con fondos provenientes de la corrupción o el crimen organizado.

Otro detalle importante es que, a los fines de la aplicación de la ley, la sentencia no produce efectos retroactivos, sino que extingue el dominio hacia el futuro. Es decir, las ganancias que hubieran generado se extinguirán en el futuro, además de la extinción del dominio sobre el bien.

El régimen de extinción de dominio de la propiedad que se estipulará a partir del DNU utilizará los medios procesales existentes, "consolidados por el accionar judicial, de manera de promover rápidamente una administración de justicia eficaz", aseguran en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Según datos de la Oficina Anticorrupción, la Justicia embargó 254.000.000 millones de pesos en causas vinculadas a la corrupción. Con la ley antimafia, Italia recuperó 30.000 inmuebles, 7.000 campos, 4.000 millones de euros en efectivo y títulos, entre muchos otros bienes como autos, aviones, barcos, etc. Por su lado, Colombia recuperó 333 millones de dólares del delito durante 2017 y a mediados del 2018 llevaba 2.223 millones de dólares y 21.000 activos recuperados.

Fuente, Infobae.

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