Tras un traspié inicial en el recinto, un plenario de comisiones del Senado emitió hoy un nuevo dictamen de mayoría que avala el acuerdo de conciliación alcanzado por el Poder Ejecutivo con los últimos grandes grupos de acreedores remanentes del default de 2001. El proyecto de ley busca autorizar el pago de 171 millones de dólares a las firmas Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP, quienes aceptaron una quita cercana al 30% sobre las sumas reclamadas en la justicia estadounidense.
Explicaciones técnicas y corrección de errores
La firma del dictamen en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión, se produjo tras la exposición del Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo de Economía, José Ignacio García Hamilton. Los funcionarios explicaron que la vuelta a comisión del proyecto la semana pasada se debió a una adenda técnica de último momento.
Según detalló Amerio, el fondo Attestor informó tardíamente que algunos bonos incluidos en la sentencia original ya no estaban en su poder o habían prescripto, lo que obligó a actualizar el listado de títulos para reflejar la "tenencia real". Los funcionarios enfatizaron que esta modificación no altera el monto total del acuerdo ni genera nuevas condiciones financieras para el país.
Detalles del acuerdo y blindaje de activos
El convenio estipula que el Estado abonará 67 millones de dólares a Bainbridge y 104 millones de dólares a Attestor. El mecanismo de pago será mediante el formato internacional de "Entrega contra Pago" (DVP), lo que garantiza que los fondos se liberen de forma simultánea a la cancelación y entrega de los bonos por parte de los acreedores.
Entre los puntos clave del acuerdo se destacan:
- Levantamiento de embargos: La aprobación permitirá liberar activos soberanos que pesaban bajo medidas de ejecución en EE.UU., incluyendo acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
- Cláusula de "Standstill": Los acreedores tienen prohibido iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras del país hasta que se complete la transacción.
- Costos legales: Los propios fondos buitre deberán afrontar los costos generados por el litigio.
Plazos y próximos pasos legislativos
Originalmente, la justicia norteamericana había fijado el 30 de abril como fecha límite para la aprobación, pero el Gobierno de Javier Milei consiguió una prórroga hasta el 30 de junio para convertir el acuerdo en ley.
Con el nuevo dictamen en mano, se espera que el oficialismo y los bloques aliados lleven la iniciativa al recinto del Senado el próximo jueves 28 de mayo. De ser aprobado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, que tendrá un mes para completar su sanción definitiva antes de que venza el plazo acordado con los acreedores y la jueza Loretta Preska.
