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Declaraciones

Una importante autoridad bodeguera a nivel nacional, a favor de la reestructuración de la INV

Patricia Ortiz, directora de Bodegas de Argentina, aseguró que los cambios anunciados por el gobierno de Milei van en línea con un pedido histórico del sector. Entre ellas, dejar de gastar tiempo en trámites interminables y concentrarse en hacer buenos vinos.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Ortiz, también al frente de Fincas Patagónicas, explicó que el INV se había convertido en un organismo con exigencias desmedidas. Desde registros de etiquetas hasta la forma de cosecha, pasando por normas que, según dijo, “enredaban” a las empresas y dificultaban la producción y exportación. “Tenemos que tener una persona solo para hacer trámites en el INV”, graficó durante una entrevista radial.

Si bien las críticas apuntaron a la sobrecarga de regulaciones, Ortiz aclaró que el organismo sigue siendo clave para garantizar la trazabilidad del vino argentino. Por eso valoró que no se haya eliminado, sino que se haya integrado como unidad organizativa dentro de la Secretaría de Agricultura. A su juicio, el enfoque debe estar en auditar el producto final y no tanto en el paso a paso.

“El vino debería controlarse en la góndola o en la salida de exportación”, sostuvo, al tiempo que defendió el rol del consumidor como “el mayor control” que tiene hoy la industria. Según su mirada, las nuevas medidas permitirán reducir costos innecesarios y agilizar procesos, algo fundamental para ganar competitividad en los mercados.

El INV, con sede central en Mendoza y más de 450 empleados en el país, era uno de los siete organismos del agro que, según el Gobierno, estaban marcados por un “exceso de fiscalización”. La transformación estructural incluye también al INTA y al INTI, en un intento por simplificar y recortar el aparato estatal sin perder funciones esenciales.

Los riesgos y temores sanjuaninos

  • El INV quedará subordinado a la Secretaría de Agricultura y tendrá que pedir permiso para tomar todas las decisiones que antes podían salir más rápido.
  • El control de vino será al final de la elaboración. Expertos del sector temen que al eliminarse la trazabilidad se abre la puerta a riesgos externos e internos. Comercialmente puede despertar desconfianza en mercados del exterior que tienen más controles. Internamente, con menos control, resurge el fantasma del caso Torraga cuando se adulteraron vinos con alcohol de quemar y murieron 29 personas. Fue el fin de la venta de vino en damajuana que prácticamente desapareció del mercado.
  • Los que apoyan la medida dicen que el INV se volverá más ágil. Los detractores temen que las grandes bodegas acaparen más poder, poniendo en peligro a los productores de uva.
  • Los pronósticos o estimaciones de cosecha, en la cuerda floja, ya que quedarán a criterio de Agricultura. Se usa para orientar las decisiones comerciales respecto al precio de la uva. También está en riesgo la realización del Censo de viñedos que debió realizarse en el 2020 pero fue frenado por la pandemia.

San Juan, ¿con menos poder?

Otro aspecto en peligro de desaparecer es la vicepresidencia que consiguió San Juan en el año 2003, cuando pasó a tener un lugar en las decisiones. El logro político fue el entonces gobernador José Luis Gioja y su ministro de Producción Antonio Giménez. Por allí pasaron Héctor Voena, Marcelo Alos, Hugo Carmona y hoy, Abel Chiconi.

Miradas dispares

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara Bodeguera de San Juan sostuvo que “todo lo que sea simplificación y agilidad de trámites es positivo”, aunque advirtió que es fundamental que el INV “siga garantizando la inocuidad y la genuinidad del vino”. En ese sentido, remarcó que el vino es un producto alimenticio y debe contar con los controles correspondientes.

Colomé fue crítico con la excesiva intervención estatal del pasado: “Era muy costosa y no contribuyó en nada”. Sin embargo, fue enfático en que “no está de acuerdo con una eventual disolución del INV, salvo que haya otro organismo que cumpla sus funciones”.

En sintonía, Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola; indicó que le parece “una buena medida, siempre y cuando sean controles estrictos en góndola, porque de ese modo se cuida la genuinidad del vino elaborado y se garantiza la calidad al consumidor”.

Reiteró que no cree que ningún bodeguero elaborará vinos adulterados o comprará vinos malos si hay controles en góndolas. “Toda la vida tuvimos diez mil controles y hoy estamos estrellados”, dijo.

Más crítica fue la visión de Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes. Para él, el decreto “prácticamente elimina el instituto” y lo reduce a una dirección sin autonomía ni liderazgo propio. “No se puede dejar librado al azar el control varietal. Esta medida perjudica a los pequeños productores que han diversificado su oferta”, afirmó.

Además, expresó su preocupación por la ausencia de protección frente a prácticas abusivas del mercado: “Sin regulación, los productores quedamos expuestos a los precios y condiciones que impongan unas pocas bodegas”.

Ramos también cuestionó la comparación con Chile: “El crecimiento chileno no se debe a la desregulación, sino a una política macroeconómica estable, tratados de libre comercio y una estrategia exterior sólida. Nosotros no hemos tenido eso”.

Dos sistemas en el mundo del vino

Con la implementación de estos cambios, la industria del vino enfrenta un nuevo escenario. Queda por ver si la reducción de controles permitirá mejorar la competitividad o si, como alertan muchos en San Juan, se corre el riesgo de desproteger a los pequeños productores y diluir la identidad de uno de los productos emblema del país.

El modelo toma como referencia a Chile, que ha crecido notablemente en producción y exportación de vinos. Los expertos dicen que Argentina está dando un vuelco al sistema anglosajón donde están Estados Unidos, Australia y Chile, en contraposición con el modelo europeo, que tiene un sistema más acentuado de subvención a sus viñateros. No obstante, Europa produce el 50% del vino que se consume en el mundo.

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