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SUSCRIBITELa asociación sanjuanina de familiares de víctimas viales se pronunció contra la medida oficializada por el Gobierno nacional a través del Decreto 480/2025. En una publicación emitida en redes sociales, manifestaron que la disolución genera un "sabor amargo".
La disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), oficializada el pasado martes mediante el Decreto 480/2025, generó fuertes repercusiones en San Juan. La asociación civil Familias del Dolor, integrada por familiares de víctimas de siniestros viales, publicó un extenso y crítico comunicado en sus redes sociales, donde calificó la medida como “un golpe mortal a una política de Estado”.
Frente a este panorama, la organización sanjuanina expresó su preocupación y apuntó directamente contra el Gobierno nacional. En su publicación en Facebook señalaron que la ANSV nació con amplio respaldo parlamentario y como resultado de un consenso entre Nación y provincias para combatir la siniestralidad vial. “Pasados los años, lo cierto es que las acciones desarrolladas por la ANSV no redujeron la siniestralidad vial”, admitieron, aunque remarcaron que “algunas luces brillaron con intensidad”, como la implementación de la Licencia Nacional de Conducir y la sanción de la Ley de Alcohol Cero.
Más allá de las críticas a la gestión, desde Familias del Dolor cuestionaron el motivo real detrás de la decisión oficial: “¿Será la falta de resultados el verdadero motivo de la disolución? ¿O solo se trata de administrar sus recursos?”, plantearon. También advirtieron que el financiamiento de los programas de seguridad vial quedará desde ahora “sujeto a la voluntad y discrecionalidad del Ministerio de Economía, en un país empobrecido donde la seguridad vial no es prioritaria”.
Finalmente, el comunicado concluye con una frase cargada de desilusión: “La disolución de la ANSV nos deja un sabor amargo, que se suma a las tantas frustraciones de esta Argentina que amamos y sufrimos”.
El último martes el Gobierno nacional oficializó a través del Decreto 480/2025, que ya está en vigencia, la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, además de otros organismos. La medida, que ya había sido anunciadas, forman parte de un profundo reordenamiento del sistema de transporte y control vial en el país. Sumado a eso se reorganizó la administración de otras reparticiones como el INTA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Según el texto publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el objetivo es centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
De ese modo, dentro de la normativa, se reorganizó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. La flamante Agencia de Control estará a cargo de fiscalizar las concesiones viales y ferroviarias, controlar la calidad del transporte automotor de pasajeros y cargas, aplicar sanciones, intervenir en conflictos contractuales y proteger los derechos de los usuarios. Su titular será un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario, designado por el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno cita un diagnóstico técnico realizado por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, según el cual, al 7 de febrero de 2025, existían 111 organismos desconcentrados y descentralizados, con un total de 477 autoridades superiores, una estructura considerada “excesivamente onerosa” para el Estado nacional. De ellos, 40 eran organismos desconcentrados y 71 descentralizados.
Asimismo, otro informe técnico de la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público reveló -según el Gobierno- que los organismos descentralizados pasaron de 35.481 empleados en 2010 a 88.095 en 2024, lo que representa un crecimiento del 148% en la planta de personal.
En ese contexto, el Ministerio de Economía impulsó formalmente la disolución y reorganización de los organismos que actúan en su órbita, mientras que la Secretaría de Transporte de esa cartera propició específicamente la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad.
A la vez, el decreto asigna a la Gendarmería Nacional Argentina las tareas de prevención y control del tránsito en rutas nacionales, desplazando así a la ANSV, que queda eliminada del esquema operativo. Las funciones de seguridad vial que cumplía la Agencia serán absorbidas por la Secretaría de Transporte.
El texto también establece que el Ministerio de Economía será ahora el responsable directo del sistema troncal de caminos nacionales, en reemplazo de la Dirección Nacional de Vialidad. Sus fondos, activos y personal serán transferidos a la cartera económica, que también podrá delegar funciones en otras jurisdicciones.
Otra de las reformas clave es la transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte, que se convertirá en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Su foco estará limitado exclusivamente al análisis de siniestros aeronáuticos, dejando de lado los accidentes ferroviarios, automotores y fluviales que antes también investigaba.
El decreto prevé que el personal de los organismos disueltos será reubicado, manteniendo sus condiciones laborales hasta que se aprueben las nuevas estructuras organizativas. Además, los bienes que no sean reutilizados serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para su redistribución o venta.
El Gobierno nacional publicó tres decretos que implican la disolución de organismos históricos y la creación de nuevas estructuras bajo el control directo del Ministerio de Salud.
El decreto 48061/25 establece la disolución del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET), cuyas funciones pasarán a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS).
Además, se dispuso la eliminación del Instituto Nacional de Prevención, Diagnóstico, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Cardiovasculares, y la transformación del Instituto Nacional del Cáncer en una unidad organizativa interna del Ministerio de Salud, quitándole su carácter descentralizado.
Por otro lado, mediante el decreto 48062/25, el Ejecutivo fusionó cinco hospitales nacionales —Hospital Nacional “Dr. Baldomero Sommer”, Hospital Nacional “Prof. Alejandro Posadas”, Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” y el Hospital Nacional en Red “Licenciada Laura Bonaparte”— para crear la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).
La ANES funcionará como organismo descentralizado, con un Administrador Nacional y directores ejecutivos para cada hospital. Su misión será garantizar la calidad asistencial, administrar recursos y coordinar la gestión estratégica de los establecimientos.
El decreto 460/2025 eliminó además la facultad del Poder Ejecutivo para crear nuevos Servicios de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) y dispuso la disolución de las Delegaciones Sanitarias Federales, que según el texto dejaron de cumplir sus funciones originales.
Según el Gobierno, estas medidas responden a la necesidad de mejorar la sostenibilidad financiera del sistema público, dado que las deudas acumuladas por algunas provincias han impactado negativamente en las cuentas nacionales.