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SUSCRIBITEEl furor por el pistacho sigue creciendo en Argentina y ahora una figura del espectáculo nacional se sumó a la producción de este fruto seco. Adquirió tierras para impulsar un proyecto agrícola y educativo, similar al que ya desarrolla en Buenos Aires.
El pistacho se convirtió en uno de los productos más codiciados del momento. Desde alfajores edición limitada hasta helados y chocolates, el furor por este fruto seco crece en Argentina y despierta inversiones llamativas. En este contexto, el cantante Abel Pintos decidió sumarse a la movida productiva, aunque no lo hará en San Juan, provincia potencia a nivel nacional para este tipo de cultivo, sino en Mendoza.
Según informó el diario Los Andes, el artista adquirió junto a su socio, Marcelo González, un campo de 93 hectáreas en el distrito de San Francisco, en Lavalle, con el objetivo de desarrollar un emprendimiento productivo centrado en pistacho y olivos. El proyecto, que se encuentra en etapa de planificación, apunta a replicar el modelo de “La Matera”, un establecimiento ubicado en Mercedes, Buenos Aires, donde además de producir frutos secos, se promueven actividades educativas vinculadas al agro y el ambiente.
“Abel es un apasionado de la biología, el campo y la enseñanza”, explicó al diario mendocino el ingeniero agrónomo Fernando Lapolla, quien encabeza el proyecto en Cuyo. Según detalló, el predio fue elegido por su cercanía con la ruta y el aeropuerto, además del acceso al agua, una ventaja estratégica en una provincia con serios problemas hídricos.
No obstante, la compra del terreno no estuvo exenta de inconvenientes. Pintos y su socio adquirieron las tierras a un banco privado que poseía los títulos registrales. Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con una familia viviendo allí. Se trataba de Alberto Angulo y Yésica Ferreira, quienes habían comprado de forma informal un lote de 1.500 metros dentro de ese mismo predio a través de una publicación en redes sociales.
El conflicto derivó en una denuncia por usurpación y, tras la intervención judicial, el desalojo se concretó el 28 de mayo pasado, según detalló Los Andes. La situación puso en evidencia un problema frecuente en zonas rurales: la superposición entre títulos registrales y derechos posesorios, que muchas veces derivan en disputas legales complejas.
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