Por los fondos públicos, la aceituna se queja de la uva

-Con motivo de la segura sanción del sistema de leyes que establecerá nuevas condiciones para las relaciones comerciales en el mercado interno, comenzaron a sonar alarmas y timbres de teléfonos estos días entre el empresariado sanjuanino. Recordemos que el paquete regula tanto los contratos con el consumidor como el abastecimiento dejando las decisiones principales en manos de la autoridad administrativa tanto de la Nación como de las provincias. Se prevé ejercer un fuerte poder de policía que supervise precios y rentabilidad poniendo mínimos y máximos así como decomisos y fuertes multas a las eventuales contravenciones. La base teórica de estas medidas es la suposición de que las constantes subas de precios nominales que determinarán este año una inflación superior a la ya muy alta del año anterior, son causadas por la especulación de los empresarios y no por errores en la macroeconomía. En el ámbito local y con gran sigilo, se están organizando consultas con especialistas en el campo legal económico y político para evaluar escenarios y adquirir información que permita anticipar consecuencias y mitigar efectos que, no hay discusión en eso, se juzgan negativos.

-Se dialoga sobre la certeza de que los diseñadores del plan no darán paso atrás aunque se duda de la eficacia de los futuros controles. Es improbable que haya alguna declaración pública sobre la cuestión porque se interpreta que sería empeorar las cosas, sobre todo para algunos sectores, como la construcción. Una cosa es destacable: están de acuerdo todos los rubros y permanece ausente el disenso que es común entre cámaras que habitualmente no comparten el mismo criterio. Esta vez hay unanimidad en las conclusiones. Las reformas introducidas al proyecto original dejó afuera a las Pymes pero permanece el problema de la definición de qué es una Pequeña y Mediana Empresa. Tal como ha ocurrido con otros índices como el mínimo no imponible de ganancias, el monto de facturación anual a partir del cual se deja de ser Pyme no se corrige por inflación, lo cual deja a muchas empresas en el riesgo de saltar de categoría a corto plazo.

-Aquí el problema de base es que el Estado, mediante su organismo oficial de estadísticas, reconoce apenas una tercera parte de la que se supone inflación real, de modo que no se puede esperar que la reglamentación, que en todos los casos remitirá a esa fuente, el INDEC, pueda establecer un mecanismo de ajuste. Por otra parte, también están los que piensan "hoy le toca a las grandes, mañana nos puede tocar a nosotros". El jueves los industriales pudieron picar un bocado con la ministra Deborah Giorgi, de visita para entregar nuevos créditos de "Capital Semilla": no tenían previsto hablar sobre temas que saben que ella no podrá solucionar y más bien insistir en el pedido de créditos para capital de trabajo y no sólo para bienes de capital.

-Interesante el relato que me hizo un empresario de la construcción que va cada vez menos a la oficina, menos a la obra y más a caminar porque está siendo relevado por parte de su prole. "Un problema serio es que la mayoría de las empresas cambiaron de manos a una nueva generación que no sabe manejarse con alta inflación". Puede que tenga mucha razón porque tiempo atrás, apenas saliendo de la crisis de 2002, otro miembro joven de una tradicional empresa familiar de San Juan de un rubro totalmente distinto, confió que no sabe qué hubiera hecho de no haber estado presente su tío, que dio consejos precisos de cómo actuar en medio de un huracán como fue aquél. Los más viejos ya vivieron las crisis del 76, del 89, de 2002 y hoy se está lejos de aquellos términos. Para quienes permanecieron a flote luego de tener que volantear día a día y no dormir para poder pensar cómo se actuaría al día siguiente o discutir precios y costos de la mañana para la tarde, esto es más sencillo. Para el que no tiene esa experiencia las nubes parecen más amenazantes.

-Una actitud semejante, de gran cautela, mantiene la conducción de la Iglesia Católica que, informada desde el observatorio de la UCA, creado para confrontar las estadísticas del INDEC y de especialistas que asesoran a la comisión de Pastoral Social, arriba a conclusiones semejantes respecto de lo que está y lo que viene. Recientemente, la Comisión Permanente del Episcopado recibió un documento de coyuntura que describe como elementos principales del deterioro de la economía al déficit fiscal y la ausencia de inversión. El déficit, causado por los subsidios al transporte, la importación de energía, los costos de la administración y la inversión social (lo único que se juzga necesario). Analiza también que, como la presión tributaria está en su máximo histórico es inevitable que el déficit se financie con una muy alta emisión monetaria que alimenta la inflación.

-Como aspectos externos negativos enumera la baja del precio internacional de los granos y la pobre performance de Brasil, nuestro principal socio comercial. Evalúa ineficaz la combinación de medidas de enero de devaluar y aumentar la tasa de interés porque no se paró la inflación pero se frenó aún más la actividad comercial y productiva, afirmando que se ha ingresado en la temida "estanflación", inflación más recesión. Estima una caída del 2% del PBI sobre fin de año pero con más preocupación una baja del 6% de la actividad industrial, gran demandante de mano de obra. Señala también la pobre situación de las economías regionales afectadas por inflación de salarios, transporte y combustibles minando su competitividad y hasta su viabilidad.

-El escrito muestra temor por un deterioro de la situación social por ajustes en el sector privado con caídas del salario real, despidos y suspensiones lo cual haría prever un aumento de los conflictos sindicales. Finaliza poniendo énfasis en que esto no significa que se esté cerca de una crisis como la de 2001 pero "vemos, más bien, un lento pero continuo deterioro que parecería extenderse hasta 2015". El documento tiene el único fin de orientar las tareas pastorales de los prelados.

Lo que dijo Catuco

Catuco Molina, de Cámara Vitícola y Coviar, evió una  nota la semana pasada. Dice lo siguiente: “San Juan y la Nación, deben trabajar en Políticas vitícolas, planificadas y no vitivinícolas coyunturales, como sucede en este momento. La verdad, que a uno que cumple treinta años de profesional y productor en la vitivinicultura, le causa tristeza observar que se tomen medidas totalmente coyunturales dejando de lado las medidas que apuntan a la estructura y olvidándose que hace diez años, decidimos planificar a mediano y largo plazo. ¿Por qué políticas vitícolas? Porque el excedente es de uvas blancas y rosadas, las tintas están en equilibrio.
La provincia de San Juan concentra el 90% de la uva de pasa, el 90 % de uva de mesa entre mercado externo e interno, y el 45 % del mosto que se elabora en la Argentina. Si uno suma la superficie entre estos destinos más las uvas tintas son casi treinta mil hectáreas que se destinan a productos diferenciados en mercados.
La pasa, la uva de mesa y mosto en su mayoría van a parar al estómago de extranjeros, por lo tanto se debe acotar la oferta de uva a las bodegas, sobre todo a aquellas bodegas que según el año elaboran vinos o mosto (regla  principal, especular con un pronóstico). La forma de hacerlo es hacer que estos tres destinos sean competitivos y que el Gobierno nacional saque las retenciones a productos como el nuestro, que si no lo exportamos aquí no se lo come nadie.
El sector de la uva de mesa y pasa, está en crisis más profunda que la de vinificar, ya que perdieron la producción y no cosecharon nada. No existen medidas en tiempo y forma para capital de trabajo. No tenemos competitividad, pagamos derechos  y aranceles en países de destino, tipo de cambio, tampoco competitividad fitosanitaria (no podemos ingresar a Brasil, a Mendoza, a la Patagonia, es penoso). Los bodegueros mendocinos metieron la polilla de la vid a la Argentina, hoy se necesitan 350 millones para combatirla y para colmo el viñedo cumplió el ciclo de edad, hay que erradicar y replantar.