A través de la Resolución 336/2026, el Ministerio de Seguridad de la Nación estableció que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá instalar sistemas capaces de identificar celulares activos dentro de los penales y anular su funcionamiento. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la medida no se aplicará en San Juan, debido a que el Penal de Chimbas es de administración provincial y no nacional.
La medida establecida por las autoridades federales nació a raíz de distintas investigaciones judiciales que detectaron maniobras organizadas desde cárceles: estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos. En algunos casos, esos esquemas funcionaron como verdaderos centros de llamadas clandestinos.
Por eso, la resolución advierte que es necesario “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.
Sin embargo, esta política nacional solamente será aplicada para las cárceles que son administradas por el Gobierno nacional y, por lo tanto, no se aplicará momentáneamente en San Juan. Si bien en el penal de Chimbas hay presos federales por un convenio con Nación, la institución es gestionada íntegramente por el Estado provincial.
Fuentes oficiales indicaron que, aunque existe un interés por implementar estas restricciones tecnológicas a nivel local, todavía se trata de proyectos sin ejecutar. De esta manera, remarcaron que la resolución mencionada tiene alcance específico sobre las cárceles del Servicio Penitenciario Federal.