San Juan es la que menos defensores públicos tiene
Los más damnificados son los ciudadanos de los departamentos alejados y los sectores más vulnerables que no pueden pagar un abogado que los defienda.
Por Gustavo Martínez Puga.
Por Gustavo Martínez Puga
gmartinezpuga@tiempodesanjuan.com
Y esa historia de los ciudadanos calingastinos tiene su espejo en las estadísticas: San Juan es la provincia del país que menos defensores públicos por habitante tiene. Según se desprende de los datos oficiales cargados en la página web del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la provincia tiene un defensor oficial por cada 113.509 habitantes. En el otro extremo está La Rioja, la que más tiene, con 9.532 ciudadanos por cada defensor público (ver tabla).
Eclosión
En esa página web de la Nación (mpd.gov.ar) figura la cantidad de cargos de defensores oficiales que hay por cada provincia. Allí consta que San Juan tiene 9 cargos de defensores públicos. Eso la ubicaba como la segunda peor en el país, después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero en la práctica la situación es peor: de esos 9 cargos sólo están trabajando 6. Así, San Juan es la que menos defensa pública tiene por habitante.
Para colmo, en el corto plazo esa realidad promete empeorar, porque las dos Defensoras de Menores (Silvia Damiani y María Iglesias), ya tramitaron su jubilación y están esperando la confirmación de la Anses. De manera que muy pronto podrían quedar sólo 4 defensores oficiales.
De los 9 cargos que funcionaban, hay 3 defensores oficiales que no venían trabajando por licencia médica por “largo tratamiento”. Y ahora se le sumó que esos defensores pidieron acogerse al beneficio de jubilarse con el 82 % móvil. Estos tres defensores son: Alicia Pontoriero, Defensora Oficial N°2; Virginia Guillén, Defensora Oficial N°4 y José Quiroga, Defensor Oficial de la Segunda Circunscripción (norte sanjuanino). Constitucionalmente, hay que esperar 90 días de que se produzca la vacante en el cargo para nombrar un interino.
“Yo he pedido a la Corte de Justicia la necesidad de que les garanticemos la Defensa Pública a todos los ciudadanos; le he pedido la asignación de mayor personal y de mayores organismos y dentro de la política de la Corte, todavía no se ha receptado afirmativamente esta petición”, informó Quattropani.
La Constitución Provincial le da a la Corte de Justicia la potestad exclusiva y excluyente de la creación de cargos o de iniciativa legislativa, esto es, la posibilidad de mandar un proyecto a la Cámara de Diputado con carácter de iniciativa legislativa para el nombramiento de nuevos cargos. “Hace casi 2 años que hay dos defensoras oficiales que están bajo “largo tratamiento” de salud, la defensa pública ha eclosionado”, dice el Fiscal General.
Por dentro
Las defensorías civiles son las que más trabajo tienen: se atienden 600 personas por cada turno. Allí la mayor demanda son los temas de familia, le siguen los casos por accidentes de tránsito y, en menor medida, las consultas laborales.
Como la defensa de las personas es un trabajo indelegable, al menos como está planteado en la provincia, la falta de defensores oficiales hacen que cada día sea un trabajo de ingeniería y de buena voluntad entre las partes, ya que los defensores deben repartirse en todos los fueros y las distintas instancias de cada uno de ellos.
“Hacemos lo posible en llegar a todas las audiencias posibles. Vamos hablando con los secretarios de los juzgados, con las contrapartes y le vamos dando prioridad a lo legal. De mi parte, iré al lugar que sea impostergable. Trabajamos con la buena predisposición de la gente y de los jueces. Mí defensoría está ordenada, pero no es lo ideal. El tema es que la gente de los departamentos tienen que venir hasta la Ciudad para poder acceder a una defensa gratuita”, comentó María Casasnovas de Dávila, a cargo de la Defensoría Oficial N°6.
“La situación de la defensa pública, en la Primera y en la Segunda Circunscripción, es grave y amerita la toma de decisiones que no se han tomado. Los más afectados son los sectores sociales más vulnerables y los habitantes de los departamentos alejados, donde la defensa pública no existe”, dijo Eduardo Quattropani, fiscal general de la Corte.
Desorientados
A la necesidad de que los defensores oficiales sólo vayan tapando huecos, se le suma la falta de una política clara para la Defensa Pública. Quattropani, además de ser el jefe de los fiscales también es el responsable de los defensores oficiales y responsabiliza a la Corte (ver preguntas).
Por la ley 7014, hecha por el gobierno de la Alianza en el 2000, se reguló la creación de 9 cargos para la defensa pública: 6 defensorías oficiales, 2 defensorías de Menores y un defensor oficial en la Segunda Circunscripción. Según Quattropani, hay un cargo más creado que nunca se nombró a nadie.
Mientras tanto, los ciudadanos de bajo poder adquisitivo, pero sobre todo los que viven en los departamentos más alejados, son los que sufren las consecuencias a la hora de no tener dinero para pagarle a un abogado que los asesore o los defienda.
Fiscal General de la Corte Eduardo Quatroppani
“La situación es grave”
-¿Qué hace falta en la Defensa Pública?
-Hace falta fijar una política de Defensa Oficial. Y hace falta que el Poder Judicial establezca un orden de prioridades.
-¿Esa política no la debe fijar usted como cabeza responsable?
-Yo he pedido a la Corte de Justicia la necesidad de que les garanticemos la Defensa Pública a todos los ciudadanos; le he pedido la asignación de mayor personal y de mayores organismos. Solamente podemos garantizar la defensa pública con un enorme esfuerzo de los defensores oficiales que están hoy en día trabajando y con un trabajo muy artesanal de la Fiscalía General intentando ir cubriendo la necesidad de los distintos juzgados, nombrando subrogantes, los reemplazos, minuto a minuto, hora a hora.
-¿Y en el caso de la Segunda Circunscripción-Jáchal e Iglesia-, en el que hay un solo defensor oficial que está de licencia, cómo lo reemplazan?
-Es un caso espantoso. Hay un tema insuperable: el defensor ha renunciado y está en proceso, creo, del otorgamiento del beneficio de la Anses. Pero llevaba más de 1 año con licencia. Pero el problema es que no puede haber un solo organismo de la defensa pública en Jáchal. A su vez, el defensor hace a su vez de asesor. Y, a pesar de los reiterados pedidos a la Corte, no he logrado que nombren personal letrado en Jáchal.
-Cuando se creó la ley del Ministerio Público, ¿los 9 cargos eran suficientes?
-Era lo que los legisladores establecieron que era lo posible de soportar financieramente. Pero ahora han crecido los juzgados penales, los civiles, los de ejecución fiscal y no logramos que crezcan las defensorías.
-¿Qué cantidad de defensores debería haber?
-No creo que sea solo una cuestión de cantidad de defensores oficiales. Creo que se debe establecer una distribución geográfica de la defensa. El proyecto de la defensoría itinerante podría funcionar siempre que fortalezcamos la defensoría pública en la Capital.
-¿Cómo calificaría la situación actual?
-La situación de la defensa pública, en la Primera y en la Segunda Circunscripción, es grave.
Proyecto en danza
A instancias del ahora diputado oficialista Víctor Muñoz Carpino, el año pasado hubo un proyecto dando vueltas para crear una Defensoría Itinerante. Esto es, crear un cuerpo de abogados entre los que se distribuyan los departamentos más alejados y así garantizarle el derecho a la defensa pública a todos los habitantes de San Juan.
“Eso necesita de un apoyo en una estructura superior en la Capital, que pudiera receptar todas aquellas causas que los itinerantes receptaran en los departamentos. De lo contrario, los itinerantes iban a estar más tiempo en la Ciudad que en los departamentos y necesitamos lo contrario, que estén en los departamentos”, informó el Fiscal General Quattropani.
¿Con el zorro en el gallinero?
Los defensores públicos, quienes defienden a las personas en los procesos judiciales, en San Juan tienen el mismo jefe que los fiscales, quienes deben velar por los intereses de todos y, muchas veces, eso implica acusar a las personas que son defendidas por el defensor público. Entonces, acusador y defensor pueden quedar bajo una misma cabeza: la del Fiscal General de la Corte.
“En la práctica hay autonomía total por parte de los defensores públicos ante el Fiscal General”, precisó la defensora oficial María Casasnovas.
Sin embargo, el mismo fiscal Quattropani es partidario de modificar esa situación: “Yo pienso que dentro de régimen acusatorio, y aún sin el sistema acusatorio, sería bueno que en una próxima reforma constitucional se dividiera el Ministerio Público Fiscal de la Defensa”.
La Constitución Provincial dice que el Ministerio Público está compuesto por fiscales, defensores, asesores y que la superintendencia la tiene el Fiscal General de la Corte.
“Yo comparto el sistema de la Constitución Nacional mezclado con el sistema de Salta y de la Ciudad Autónoma. Esto es, un ministerio público autónomo, fuera del Poder Judicial, con Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa y una Asesoría Tutelar General. Pero para eso hace falta modificar la Constitución de la Provincia y no meramente la ley del ministerio público”.
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