Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal

La polémica se reavivó luego de que el Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia Zaldo, resolviera sancionar económicamente a Fernández Valdez por los términos utilizados en su recurso de casación. La multa impuesta asciende al equivalente de un salario mínimo del escalafón judicial, cifra que rondaría los $800.000.

Se trata de la segunda sanción impuesta al abogado en el marco de la causa: previamente ya había recibido un apercibimiento formal por declaraciones posteriores al veredicto. No obstante, la nueva sanción no se basó en sus expresiones públicas, sino en afirmaciones hechas dentro del escrito judicial mediante el cual se impugnó el fallo.

Frente a esto, la comisión directiva de ASAP manifestó su preocupación institucional y rechazó enérgicamente el accionar del tribunal. En su pronunciamiento, la entidad afirmó que:

“El ejercicio de la magistratura, en cualquier nivel de jerarquía, incluye la capacidad de recibir críticas, por más duras y ásperas que parezcan, cuando son hechas en el marco de la litigación profesional y no contienen lenguaje soez ni insultante.”

La asociación remarcó que la sanción constituye un uso desproporcionado e irrazonable del poder judicial, alejado del deber institucional y movido por "sensibilidades totalmente extrañas al ejercicio maduro y responsable de la magistratura".

Además, advirtió que la medida representa un intento de disciplinamiento arbitrario del ejercicio profesional liberal, lo cual afecta directamente los principios republicanos de gobierno y el Estado de Derecho.

En ese sentido, anticiparon que se encuentran analizando en profundidad la situación jurídica generada, con el objetivo de adoptar medidas dentro del marco constitucional.

La controversia se da en un contexto especialmente sensible, tras conocerse los fundamentos del fallo histórico en la megacausa de expropiaciones, en los que se solicitó investigar a un juez de la Cámara Civil por presunta participación en una asociación ilícita. Esa decisión generó fuerte impacto institucional, y el clima de tensión creció aún más con las sanciones posteriores.

Las apelaciones presentadas por las defensas, entre ellas la de Graffigna, ahora deberán ser analizadas por la Corte de Justicia de San Juan, en un proceso que promete seguir generando repercusiones dentro y fuera del ámbito judicial.