El cierre definitivo de Vialidad Nacional, anunciado este lunes por el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sacudió a San Juan, que cuenta con 1.040 kilómetros de rutas nacionales, un dato hasta ahora no publicado oficialmente. Esa extensión comprende las rutas 40, 20, 141, 150 y 147.
El impacto del decreto —que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial— no se limita solo al plano institucional. Hay 218 trabajadores del organismo en San Juan, de los cuales solo 65 tienen planta permanente. El resto se encuentra bajo contratos temporales y están en estado de alerta ante incertidumbre laboral, según confirmó Jorge Pérez, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Viales.
Fuentes calificadas indicaron que el Gobierno nacional no descarta avanzar hacia un sistema de concesiones, similar al que rige en Chile. La propuesta incluye el cobro de peajes para financiar el mantenimiento y la construcción de nuevos tramos. Esta opción sería la vía para sostener los más de mil kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia, claves para la producción y el turismo.
En este nuevo esquema, la figura de Rogelio Cerdera cobraría protagonismo. El actual delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en San Juan —y dirigente de extracción peronista—, pasará a ser la autoridad local de la futura Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte, que será la encargada de fiscalizar las rutas concesionadas. Cerdera es, además, esposo de la diputada provincial Marisa López, exministra de Hacienda del gobierno de Sergio Uñac.
Por su parte, el representante de Javier Milei en la provincia y presidente de La Libertad Avanza local, José Peluc, dijo públicamente que "lo que está, se va a continuar". Sin embargo, todavía no se sabe cómo se ejecutarán los proyectos en marcha -por ejemplo, la Ruta 40 Sur- ni quién los coordinará localmente, especialmente en zonas alejadas donde las tareas de mantenimiento dependen casi exclusivamente de Vialidad.
Según el gremio, el vaciamiento comenzó meses atrás. A principios de este año, el administrador nacional Marcelo Campoy visitó la provincia y anunció la reducción del 30% del personal, bajo el argumento de que "había demasiados administrativos". A partir de allí, comenzaron los recortes: reducción de guardias, suspensión del servicio de limpieza y una progresiva parálisis operativa. "Todo apunta a que quede solo una oficina con un director", graficó Pérez.