Para la Oficina Anticorrupción no fue delito que Milei promocionara $LIBRA

La investigación administrativa se inició luego del impacto mediático y judicial que generó la publicación presidencial, en la que se celebraba el surgimiento de una propuesta privada orientada a financiar emprendimientos argentinos a través del uso del criptoactivo. Tras ese mensaje, la moneda digital sufrió un fuerte aumento en su cotización seguido de una abrupta caída, lo que despertó sospechas de movimientos especulativos y desencadenó denuncias de presunta estafa, entre ellas una presentada por el ex diputado Claudio Lozano y el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

Según el dictamen firmado por Alejandro Melik, titular de la OA —organismo que depende del Ministerio de Justicia—, la intervención del mandatario no puede interpretarse como una acción gubernamental ni constituye una promoción indebida desde el aparato estatal. “No se ha detectado la existencia de ningún procedimiento, acto o vínculo contractual del Estado con el proyecto ni con la criptomoneda mencionada”, señala la resolución, fechada el 5 de junio.

El análisis de la OA, que se mantendrá abierto ante posibles avances en la causa penal en trámite en el Juzgado Federal N.º 1 a cargo de la jueza María Romilda Servini, se centró en diferenciar si la publicación constituía una expresión individual o un acto oficial que comprometiera recursos o decisiones públicas. La conclusión fue clara: se trató de una comunicación privada sin efectos institucionales.

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Para arribar a esta determinación, el organismo recopiló información de fuentes abiertas, declaraciones patrimoniales, audiencias y registros oficiales. También se examinó la relación entre los funcionarios involucrados y las empresas vinculadas al proyecto, entre ellas KIP Protocol (liderada por Julián Peh), Kelsier Ventures (representada por Mark Hayden Davis), y Tech Forum SRL, con participación de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

En este contexto, la situación de Sergio Daniel Morales, ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), también fue analizada. Aunque Morales figuraba entre los investigados por la Justicia federal, la OA sostuvo que no se apartó de las normas éticas ni incurrió en conflicto de intereses durante su paso por la CNV, dado que su empresa, Morales Valores S.A.S., no operaba como agente regulado ni tenía injerencia directa en los hechos investigados.

No obstante, se sugirió que la CNV evalúe la posibilidad de abrir un sumario administrativo para determinar si Morales pudo haber utilizado información sensible a favor de terceros.

El dictamen de la OA se apoyó además en criterios jurisprudenciales, entre ellos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, para sustentar que las cuentas personales de funcionarios, aunque sean influyentes, están protegidas por la libertad de expresión, siempre que no impliquen actos oficiales ni comprometan recursos públicos.

La Secretaría de Comunicación y Medios confirmó que no interviene en la gestión de la cuenta @JMilei, mientras que otras dependencias oficiales como la Secretaría General de la Presidencia y la Secretaría Legal y Técnica aseguraron que no existieron actos administrativos ni contratos vinculados al proyecto cripto.

Así, la resolución aclara que no hubo direccionamiento de políticas públicas ni respaldo estatal a “Viva la Libertad Project”, desestimando cualquier infracción ética por parte del presidente Milei en este episodio. La atención ahora se desplaza a la Justicia federal, donde se sigue investigando si existieron delitos en el desarrollo y promoción del criptoactivo.