La reforma laboral de Javier Milei busca derogar el estatuto del periodista

La derogación de la Ley 12.908, creada en 1944, según sindicatos y críticos, representa un "ataque directo a la estabilidad y la libertad de expresión".

Las protecciones en riesgo

El Estatuto del Periodista establece una serie de derechos que van más allá de la ley laboral común:

• Estabilidad y Protección Agravada: La estabilidad del periodista se define como la "base esencial de esta Ley". La norma defiende a los profesionales de las presiones políticas y establece que ningún empleado puede ser separado sin una causa grave justificada. En caso de despido injustificado, la ley prevé un preaviso de hasta dos meses y una indemnización especial equivalente a seis meses de sueldo, superior a otras actividades. El gobierno busca eliminar precisamente estas regulaciones sobre jornada, estabilidad e indemnizaciones especiales.
• Libertades Profesionales: El estatuto garantiza la libertad de conciencia, pensamiento y expresión de los periodistas. Asimismo, establece el libre acceso a las fuentes de información de interés público y a dependencias del Estado mediante el Carnet Profesional.
• Condiciones Laborales: La normativa define la duración de las jornadas, además de regular descansos y compensaciones por tareas nocturnas.

Reacción unánime y denuncia de censura indirecta

El intento de derogación ha cosechado un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional, incluyendo a las organizaciones FIP y Fepalc.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denunciaron conjuntamente que la reforma busca "borrar un siglo de derechos" y la catalogaron como un ataque al periodismo. Desde SiPreBA, señalaron que la norma es "la primera línea de defensa para garantizar la estabilidad de nuestro trabajo".

Mariano Obarrio, periodista de larga trayectoria, calificó el intento de derogación como "otro ataque artero a los periodistas" y afirmó que el proyecto es "de dictador", ya que no tiene relación con "modernizar las relaciones laborales".

Silvia Mercado, especializada en política, evaluó que el periodismo "estará unido para defender nuestros derechos y la libertad de expresión".

La preocupación central es que la eliminación del Estatuto desmantela un mecanismo indirecto de defensa de la libertad de prensa. Desde FATPREN subrayaron que la precarización laboral resultante es, en sí misma, una forma indirecta de censura. El deterioro de las condiciones económicas obliga a los periodistas a aceptar múltiples trabajos o depender de ingresos que comprometen su independencia, lo que reduce la pluralidad de voces y empobrece la calidad de la democracia.