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SUSCRIBITELa firma ejecutará la decisión amparada en amparándose en el Procedimiento Preventivo de Crisis.
Lácteos Verónica, la histórica compañía santafesina con plantas en Totoras, Lehmann y Suardi, atraviesa su momento más crítico. Con más de un mes y medio de salarios impagos, el aguinaldo sin cubrir y apenas un 40% del sueldo de mayo abonado, la firma llegará este viernes 18 de julio a una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, que se realizará vía Zoom.
Según adelantaron fuentes legislativas y gremiales, allí la empresa podría formalizar un plan de recorte que incluiría al menos 200 puestos de trabajo, amparándose en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que solicitó semanas atrás. Aunque la compañía no emitió aún un comunicado oficial detallando despidos, la expectativa política y sindical apunta a que ese será el anuncio central.
En paralelo al frente laboral, el colapso financiero de Verónica se traduce en números preocupantes. Según datos la central de deudores del BCRA, en lo que va del año, la firma emitió más de 1.700 cheques rechazados por falta de fondos, que acumulan un rojo superior a $5.000 millones. Hasta el momento, solo logró cubrir un 9% de esas obligaciones.
Para muchos analistas del sector, este nivel de mora expone un cuadro cercano a la cesación de pagos, que presiona a proveedores, tamberos y transportistas que dependen de los circuitos de cobranza de la láctea. Además, lógicamente, la compañía no cuenta con la materia prima suficiente para operar lo que la lleva a un escenario de colapso total.
Durante la pandemia, Verónica llegó a cargar 23 camiones diarios desde Clason, procesando más de un millón de litros de leche por jornada. En sus últimos meses, ya no alcanzaba los 200.000 litros, y desde junio la producción se volvió prácticamente nula. Lo más preocupante: en 2019, la empresa ya había amagado con un PPC que terminó en un ajuste silencioso
En este marco, el mecanismo elegido para la audiencia de este viernes generó un fuerte repudio. “Convocar a los trabajadores por Zoom para posiblemente comunicarles 200 despidos es de una brutal crueldad, una obscenidad que no se puede naturalizar”, cuestionó el diputado provincial Carlos Del Frade, quien además apuntó contra la “resignación de parte de la política y de cierto gremialismo ante el poder empresario”.
Desde el gremio ATILRA advirtieron que preparan nuevas medidas de fuerza y evalúan avanzar con denuncias en el fuero penal tributario, ante posibles incumplimientos en aportes y retenciones. En simultáneo, la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina se reunió con delegados para seguir el caso y evitar que la situación derive en un desguace total de la empresa.
Durante la pandemia, Verónica llegó a cargar 23 camiones diarios desde Clason, procesando más de un millón de litros de leche por jornada.
Para los trabajadores, la situación de Verónica no es solo producto de la coyuntura económica, sino de decisiones empresarias que buscan licuar pasivos y proteger activos. Denuncian que la firma dejó de presentar balances públicos, pese a haber exportado entre 2020 y 2025 por más de u$s102 millones, con fuertes picos durante la pandemia. Solo en 2024 despachó u$s18,4 millones al exterior, mayormente leche entera en polvo con destino principal en Argelia, que absorbe el 72% de sus ventas externas.
Por su parte, a partir de la nueva crisis de la empresa, el dato que vuelve a estar en relieve es que en 2017, la familia Espiñeira, dueños de Lácteos Verónica, realizó un blanqueo de activos que alcanzó montos estimados entre u$s40 y u$s420 millones, según fuentes del régimen de sinceramiento fiscal de ese año. Este proceso incluyó la regularización de bienes en el exterior y el pago de una multa millonaria que rondó los $63 millones. Fuentes del sector lácteo indican que parte de esos fondos provenían de maniobras vinculadas a la subfacturación en exportaciones de leche en polvo durante los años previos, en especial entre 2010 y 2012.
La dimensión social de la crisis que atraviesa Verónica es dramática. Más de 700 trabajadores dependen directamente de la compañía, y solo en Totoras, una ciudad de 14.000 habitantes, más de 200 familias están directamente afectadas. Por eso, la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina también pidió al gobierno provincial un plan de contención y advirtió que no permitirá “que se desguace una empresa clave sin asumir responsabilidades”.
Lo cierto es que el viernes, vía Zoom, podría empezar a escribirse el capítulo más oscuro de una láctea que supo ser emblema y que hoy se desangra entre cheques sin fondo, salarios impagos y el peso de decisiones empresarias que ni la política ni el sindicalismo parecen haber sabido frenar.
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