El caso de Franco, el sanjuanino que llegó a la justicia para impedir que su ex esposa aborte puso otra vez el debate social sobre la mesa y la polémica trascendió los límites provinciales. Finalmente, este martes se supo que la mujer pudo realizarse la práctica en el marco de la ley, en el hospital de Pocito, por lo que la medida cautelar presentada por el progenitor quedaría abstracta.
Consultada por este tema, la ministra de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, expresó en diálogo con Radio La Red Clarín, que lo sucedido en la provincia es “un pésimo precedente” y que “casos como éste no hay ni hubo en todo el país”
“La ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no deja margen de duda sobre la autonomía de la mujer que está cursando un embarazo. La ley deja muy en claro que el único consentimiento que se requiere para llevar adelante la práctica es el de la mujer gestante. Si el planteo fuera al revés, que una mujer no quiere abortar y su pareja sí, ¿esa mujer debería estar obligada a abortar porque su pareja así lo quiere?”, expresó Gómez Alcorta.
Respecto al fallo de la Sala III de la Cámara Civil, el cual hizo lugar a la apelación del ex cónyuge para impedir el aborto, la funcionaria expresó que “no voy a hablar del fallo. Tenemos derecho a disentir, pero no se puede decir que la ley no es clara cuando es clarísima. Sí puedo decir que un fallo judicial de este estilo es bastante atípico”
Ahora la mujer podría tomar medidas judiciales contra su ex por haberla agraviado. Según su abogado, Reinaldo Bedini, la mujer está en shock por la mediatización del caso y no descartó la posibilidad de demandar en el fuero civil a su ex cónyuge.