Principio de acuerdo por los desechos mineros chilenos tirados en San Juan

Glencore enjuició a Pelambres cuando descubrió que un botadero de escombros de la mina en Chile está enclavado del lado argentino del límite, donde operará Pachón. Son pilas de unos 400 neumáticos en desuso y de material de roca producto del movimiento del suelo. Pelambres argumentó que cuando decidió el sitio del botadero, el Instituto Geográfico Militar chileno le indicó que era terreno de su país, y que luego fueron corridos los hitos.

Primero, Glencore inició una acción civil en el juzgado de Miguel Gálvez, en la que le exigió el traslado del botadero y de los neumáticos, y el pago de suma de dinero por daños y alquiler. Luego fue más allá y denunció penalmente ante el juez Leopoldo Rago Gallo a los directivos de Pelambres por el posible daño ambiental y desvío de aguas.

En el primero de esos procesos, se hizo presente la Fiscalía de Estado de la provincia argumentando que está en juego el interés público. Pidió participar en la audiencia de conciliación que se realizó este viernes y que fue el primer contacto entre las partes, de donde surgió un acuerdo de palabra.

A instancias de la Fiscalía, Pelambres aceptó que se cierre y se aísle el botadero del lado argentino, ante la posibilidad eventual de que produzca una contaminación, teniendo en cuenta que ya hubo estudios que marcaron niveles de acidez en la roca. Y que trasladará todos los neumáticos tirados del lado argentino hacia su país.

Glencore, por su parte, aceptó que lo que se hará por el momento con el botadero de escombros será un trabajo de cierre para prevenir cualquier daño de manera urgente. Y que el retiro o no de la roca, como pide la compañía que maneja Pachón, será resuelto por el propio juez en los tiempos que imponga el proceso civil.

Durante el tiempo en que se realicen los trabajos, la Fiscalía propuso y fue aceptado que se realice una auditoría de la PNUMA –organismo de las Naciones Unidas- para ir monitoreando la situación, además de la intervención de otros organismos públicos como Hidráulica.

El principio de acuerdo fue resultado de una extensa reunión en el despacho del juez Galvez que quedó chico. Participaron por Pelambres el abogado Ricardo Gil Lavedra –prestigioso jurisconsulto de protagonismo político con la UCR, por la cual llegó a ser ministro de De la Rúa y diputado nacional-, además de abogados llegados desde Chile. Por el lado de Glencore estuvo su máximo directivo en San Juan, José Ossa, además de un importante grupo de abogados. Y por el lado de la Fiscalía participó su titular, Guillermo De Sanctis,  con el apoyo del abogado Gerardo Fernández Collado.

Los trazos gruesos del entendimiento están relacionados con los neumáticos y la escombrera, pero no con el resto del reclamo civil –el dinero- que deberá ser conciliado entre los particulares. Las partes esperan trasladar este acuerdo verbal definitivamente al papel cuando se vuelvan a reunir, el día siguiente de las elecciones primarias a las 10 de la mañana en el mismo despacho de hoy.