Un sanjuanino buscó a un "gestor" para traer productos de Chile y sufrió una estafa millonaria

La presunta maniobra delictiva comenzó en octubre de 2024, cuando Néstor Martín Caliba contactó a Guillermo Andrés González Riveros –el imputado- por referencia de una conocida suya. Según el denunciante, este “gestor de compras” ofrecía traer productos del país trasandino a precios convenientes, en viajes de tour de compras que presuntamente realizaba con frecuencia.

El 3 de octubre, Caliba le entregó 200 dólares como adelanto para la compra de un celular. Días más tarde, el 14 de octubre, le transfirió 700 dólares más para adquirir dos teléfonos, dos consolas PlayStation y un parlante, explicaron fuentes judiciales. Sin embargo, a los días, González le aseguró que no podía ingresar los productos por la Aduana y que los dejaría en casa de un conocido en Chile.

El 31 de octubre, el acusado le solicitó $350.000 adicionales para pagar impuestos, monto que también fue transferido. Y siguió con la supuesta mentira. El 1 de noviembre, pidió 150 dólares más para pagar a supuestos pasantes. Desde entonces, el denunciante comenzó a recibir excusas poco creíbles, hasta que finalmente el imputado dejó de responder. En uno de sus últimos mensajes, González argumentó que no podía hablar más porque sus abogados le habían prohibido hacerlo tras ser llamado “estafador”.

Ante la denuncia presentada por Caliba en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, el fiscal Pablo Martín y el ayudante Federico Pereyra y el colaborador técnico Federico Martínez, convocó al sospechoso, quien compareció y reconoció la autoría del hecho. Propuso entonces devolver los 900 dólares y los $350.000 en dos cuotas: una primera de 500 dólares hasta el 31 de mayo, y otra de 400 dólares más $350.000 hasta el 30 de junio, ambas ante la Oficina de Medidas Alternativas (OMA).

La jueza de garantías Gloria Chicón, homologó el acuerdo de reparación integral el 29 de mayo, ordenando la suspensión de la causa mientras el acusado cumpliera con los pagos. Sin embargo, todo volvió a complicarse: el 2 de junio, González fue citado a OMA para abonar la primera cuota, pero informó que no se presentaría por no tener el dinero, prometiendo pagar recién el 9 de junio, lo que tampoco ocurrió.

Frente a ese incumplimiento, el Ministerio Público Fiscal solicitó la formalización de la investigación penal preparatoria por el delito de estafa, prevista en el artículo 172 del Código Penal. La jueza Chicón accedió al pedido y estableció un plazo de 8 meses para avanzar con la instrucción. Aunque González continuará en libertad, se le impusieron medidas coercitivas: promesa de someterse al proceso, obligación de presentarse una vez por mes en la Comisaría 6ta, prohibición de salir del país sin autorización judicial, y prohibición de acercarse a la víctima en un radio de 300 metros o realizar actos molestos.