El 12 de marzo se llevó adelante una audiencia clave en el caso que investiga al funcionario judicial acusado por violencia de género, Mario Parisí, puesto que las partes presentaron la puja en la Corte de Justicia y ahora el máximo órgano será el que resuelva la cuestión, a más de dos años de que se radicara la denuncia.
Puja en la Corte: el planteo que resiste al cierre de la causa y la cuenta regresiva para Mario Parisí
El caso llegó a manos de la Corte de Justicia y por tanto será la que resuelva el pleito entre las partes. La defensa sostiene que prescribió, mientras que la fiscalía y la querella se oponen. ¿Qué tiempos maneja el máximo órgano para dictar una resolución?
Tal como lo publicó este diario, la defensa del imputado pidió la prescripción del caso -como se preveía-, mientras que la fiscalía y la querella se opusieron a ello, respaldadas en uno de los artículos del Código Penal Argentino. Por un lado, los defensores indicaron que se produjo la extinción de la acción penal, dados que los plazos se vencieron. Por otro, el Ministerio Público negó que esto fuera así ya que hubo una acción que interrumpió el proceso.
El planteo que resiste al cierre de la causa, es decir a la prescripción, se sostiene en que el fiscal Roberto Ginsberg frenó los tiempos cuando acusó a Parisí por lesiones leves y amenazas agravadas, al mismo tiempo que solicitó la clausura de la investigación y la elevación a juicio. Es que la teoría señala que el requerimiento fiscal detiene los plazos.
Acorde lo indica el artículo 67 del Código, esa es una de las condiciones que se debe cumplir para que la prescripción se suspenda. "La prescripción se interrumpe solamente por... El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente", expone. Es por ello que el fiscal utilizó esos argumentos y la querella, representada por Reinaldo Bedini, adhirió a los mismos.
En ese marco, ya sea para un lado o para el otro, la Corte tendrá que analizar las posturas y dictar sentencia. Según aseguraron fuentes judiciales, los tiempos que debería respetar la máxima autoridad son 40 días, con la posibilidad de solicitar una extensión.
Fuentes allegadas al caso manifestaron que así lo impone el Código Procesal Penal, que enuncia que el Tribunal deberá dictar fallo dentro de ese término y, si la sentencia no pudiere ser pronunciada en dicho plazo, el órgano tendrá que hacerle saber a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, "con anticipación de cinco días al de su vencimiento, expresando las razones que determinan la imposibilidad".
Así las cosas, a Parisí le quedaría una cuenta regresiva de 40 días para saber si su causa será debatida en juicio o, directamente, será desechada por decisión de la Corte. La defensa, encarnada por Fernando Castro y Nasser Uzair, al igual que la fiscal de Impugnación Marcela Torres y el querellante Bedini pidieron que se dicte una sentencia para poner fin a la cuestión, de modo que no sea derivada una vez más.
Todas las partes pidieron la nulidad del fallo del juez de Impugnación, Benedicto Correa, quien rechazó el pedido de probation de la defensa y cuestionó que el caso tenga la condición de violencia de género. Desde la querella aseguraron que eso resultó una "aberración jurídica", dado que su rol en esa instancia sería la de garantizar el proceso y no realizar juicios sobre la causa.