A 5 meses de la muerte de la jubilada asesinada a mazazos, la impotencia y el dolor de las hijas

El chico de 15 años permaneció internado en una clínica de Mendoza y por disposición de la Justicia de Familia, en base a la Ley de Salud Mental, se le concedió el alta. Es por eso que las hijas de la víctima se mostraron indignadas porque, a su entender, la muerte de su madre resultó en vano. Es que para el menor se dictó la restricción de su capacidad y se designó a sus padres como los apoyos, con el objetivo de resocialización, y, por tal motivo, regresó a la provincia.

"Ya sabíamos cuál iba a ser el dictamen del juez, que lo declararía inimputable porque así son las leyes. Si bien en el fondo una sabe que eso va a pasar, siempre hay una esperanza de que no continúe con una vida normal, que siga el tratamiento en algún lugar, no que esté en su casa, con su familia haciendo la vida que hacía siempre, eso genera bronca, impotencia", declaró Mónica Leguiza.

Esta decisión, para el entorno de la jubilada asesinada, resultó una sorpresa porque no había sido informado al respecto. "Supimos porque salió publicado en las noticias. Con nosotros nunca se comunicó nadie, más allá de las intervenciones que tuvo el abogado. No se cómo es el sistema, si a las familias de las víctimas se las tiene en cuenta por parte del Estado o no, lo cierto es que estamos en el aire y todas son suposiciones nuestras", señaló Micaela Leguiza.

Ambas mujeres manifestaron que esta situación debería preocupar a todos como sociedad, ya que no estaría garantizada la seguridad de los sanjuaninos con este tipo de resoluciones. "La decisión de que siga haciendo su vida normal, a la vez, genera miedo. Cómo sabemos que no va a volver a hacer lo mismo. Evidentemente se basaron en el informe de los médicos que lo vieron para determinar que siga con tratamiento ambulatorio, no debe tener una patología que le impida convivir en sociedad. Sin embargo, cometió este hecho", sostuvieron.

Acorde señala la legislación de Salud Mental (26.657), la internación involuntaria no puede ser superior a los 90 días y, por ello, fue dado de alta. Además, de su interpretación se entiende que el juez que interviene en la causa -en este caso Marisa Valdez- tiene un plazo máximo de tres años para revisar la sentencia y definir si continúa con las restricciones impuestas o no.

No obstante, la norma fue duramente cuestionada por las hijas de la víctima. "Qué pasa si esa persona, hasta que el juez emita una sentencia en ese tiempo, mientras lo controla y se sociabiliza, vuelve a cometer el mismo hecho. Qué pasa, entonces. ¿Está la sociedad en peligro? Nos surgen esos interrogantes. La ley está bien?", expresaron.

Ambas mujeres, que se vieron sacudidas por la tragedia de un día para otro, confesaron que todavía no comprenden del todo lo que sucedió. "Si te soy sincera, a mí todavía no me cae la ficha. Tengo momentos en que no caigo porque en un abrir y cerrar de ojos ya no está", admitió Mónica, mientras que su hermana reconoció: "A mí también me pasa, sobre todo porque vivía con ella. Siento que va a venir de vuelto. Es todo muy reciente. No pudimos hacer el duelo".

Las mismas que afirmaron que se vieron afectadas por el crimen a mazazos, y que por ello debieron iniciar tratamiento psicológico, dejaron en claro su deseo de ser recibidas por la magistrado que ahora comanda la causa, luego de que el juez Jorge Toro lo declarara inimputable y remitiera el expediente al Juzgado de Familia. "No es un hecho más, no sabemos qué va a pasar. Necesitamos explicaciones", declararon y cerraron: "Quién responde por el daño que sufrimos, por la muerte de nuestra madre nadie se hace responsable. Es una muerte en vano, como que no pasó nada acá. ¿Y a nosotras qué nos queda? A nuestra madre nadie la devuelve".