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SUSCRIBITE El juez federal Leopoldo Rago Gallo se hizo cargo de la investigación del escándalo con la supuesta ayuda social que el Ministerio de Trabajo de la Nación enviaba a su oficina local, el cual estalló el 21 de diciembre último, cuando un sujeto cayó con 51 tarjetas de débito cobrando en un cajero del Banco Hipotecario el dinero destinado a supuestos necesitados.
Se presume que la supuesta banda cobraba el dinero y se quedaba con la mayoría. Por ejemplo, según averiguió la Policía, de los 1.800 pesos de la mayoría de los planes (hay otros de hasta 8.000 pesos), sólo 800 eran para el supuesto beneficiado.
Fue el Juzgado Federal el que pidió el lunes último hacerse cargo de la causa que venía siendo tramitada en el fuero local.
El martes en la mañana el fiscal Juan Manuel Gálvez estuvo de acuerdo con la petición. Y en horas del mediodía el juez Benito Ortiz resolvió inhibirse. Éste juez argumentó su inhibición en que el damnificado es el patrimonio del Estado Nacional y uno de los detenidos es empleado de la Nación.
El juez Ortiz ya había diagramado el cronograma para empezar a tomar declaraciones testimoniales.
Ahora, para que la causa termine de enviarse en las próximas horas al Juzgado Federal, resta que la Cámara Penal también se inhiba: allí están en apelación las negativas de las excarcelaciones pedidas por los abogados defensores Gustavo Sánchez y Maximiliano Páez Delgado.
La causa tiene tres detenidos: Romeo Saavedra (44), su hija Sol (21) yJuan Saavedra, empleado de planta a cargo de la aprobación de la ayuda social en la Gerencia de Empleos del Gobierno Nacional. Fueron indagados en el Segundo Juzgado de Instrucción por el delito de Estafa, en perjuicio del Estado Nacional y también de los particulares a los que iba destinado el beneficio.
La detención de Romeo Saavedra fue ordenada por el juez Ortiz, quien arrancó con la causa aquella mañana de diciembre en que la gente llamó a la Policía al cajero del Banco Hipotecario porque había un sujeto sospechoso que llevaba más de una hora extrayendo dinero con distintos plásticos. En la detención le secuestraron 51 tarjetas y 80.000 pesos. Habría usado el mismo PIN en todas las tarjetas.
Luego, en la feria judicial de enero, el caso fue instruido por el juez Pablo Flores, del Segundo de Instrucción, quien también indagó a los tres detenidos y les negó la excarcelación.
Si bien los Saavedra no tienen antecedentes y el delito es excarcelable, el juez Flores entendió que podían entorpecer la investigación.
Y citó como ejemplo un supuesto mensaje de WhatsApp que en horas de la madrugada Sol Saavedra habría enviado a compañeras de la Universidad Católica de Cuyo (donde ella estudia Medicina), y a otras supuestas beneficiarias, advirtiéndoles que la Policía iba a ir a sus domicilios y que ella había quemado las tarjetas.
Habrían dos mujeres testigos que dieron esa información. Pero todo habría sido en sede policial, ya que nunca los testigos y los supuestos damnificados dieron su versión en sede judicial.
Ahora será el juez federal Rago Gallo el que disponga las medidas judiciales para saber cómo operaba el circuito desde la Nación hasta los supuestos alumnos de la UCC que habrían tenido como destino final una parte de esa "ayuda social".