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SUSCRIBITE Los dos médicos y la abogada provida que denunciaron que el aborto de la niña discapacitada ejecutado por Salud Pública fue ilegal son investigados por violación a la intimidad y, por ello, el juez del Quinto Juzgado Correccional -Matías Parrón -que conduce la instrucción del caso- los citó a indagatoria y el primero en presentarse se abstuvo a declarar.
Se trata de Federico Bazán, esposo de Miers, quien acudió a Tribunales con su abogado Gustavo De la Fuente, pero que decidió guardar silencio por recomendación de su defensor, con el objetivo de aguardar para conocer la causa completa y así desplegar su defensa.
Este marte, la que debía presentarse es la mujer acusada de cometer el delito que se investiga aunque desde el juzgado las fuentes no pudieron confirmar si cumplió o no con la citación.
La fiscal Silvina Gerarduzzi consideró que hubo presuntos ilícitos cometidos por los médicos Federico Antequeda, el otro médico, Bazán y la letrada Miers, después de que denunciaran que la interrupción del embarazo de la nena abusada era ilegal y el fiscal instrucción Daniel Galvani desestimara la acusación.
Con el soporte audiovisual, su señoría podría imputarlos por la violación al artículo 157 del Código Penal, inciso 2, que refiere al que "ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley".
A pesar de que el Código Penal establece una pena de prisión de un mes como mínimo a dos años como máximo para el ilícito por el que se los investiga, de ser hallados culpables, la fiscal consideró que no irían tras las rejas durante el proceso judicial. "A menos que sea un homicidio culposo, los demás delitos de bajo de la esfera correccional son excarcelables", sostuvo.