Por Sebastián Saharrea
La trama secreta del fraude impune a la Barrick
La empresa contrató a una especialista privada para que investigara las sospechas. Barrió a su cúpula en 2007 y presentó la denuncia penal, que ahora prescribe por el paso del tiempo. Antes, el juez describió los detalles de la mecánica. Por Sebastián Saharrea.
Una suma millonaria en dólares es lo que le costó a la empresa Barrick investigar y descubrir cómo era víctima de una gigantesca defraudación por parte de una parte de sus propios gerentes. Contrató a una especialista que fue juntando datos, hasta que estuvo todo listo. Y el 5 de marzo de 2007 ejecutó un operativo sorpresa en el que despidió a todos los involucrados sospechados, no los dejó entrar a sus oficinas y secuestró los discos rígidos de sus computadoras proporcionadas por la empresa. Ese día, giró todo lo que tenía a la justicia penal de la provincia, y un juez recién el 14 de mayo pasado –más de 7 años después- procesó al principal acusado. Pero una semana más tarde, todo cayó en un saco roto porque la causa prescribirá por el paso del tiempo, y la supuesta operación que la propia justicia consideró casi probada quedará impune.
Con un ingrediente que lo hace más increíble aún. Una semana antes de que prescribiera, el juez Pablo Flores, quien heredó la investigación del titular anterior de su juzgado, Agustín Lanciani, emitió un procesamiento contra el acusado Pucci en el que emitió consideraciones lapidarias. Al procesarlo, dijo que el juez que “resulta evidentemente claro que Pucci, aprovechándose de su condición de gerente, realizó contrataciones con empresas de forma irregular”, que “perjudicó con su accionar el patrimonio que le había sido confiado”, que “en un total abuso de confianza benefició a algunas empresas y no respetó las normas y conductas que previamente se obligó a cumplir” y que “actuó siempre con el beneplácito de la gente que estaba bajo su esfera”.
Siete días después, Pucci quedaría libre de cargos judiciales en esta causa que inicialmente fue un escándalo público, beneficiado por la lentitud de la justicia penal en la provincial. ¿Es posible que esto ocurra? Los hechos marcan que sí, en un caso que fue escandaloso y que podría estar seguido por otros casos parecidos. Porque se trata de una clase de delitos penales económicos que la justicia provincial no aparece dispuesta a decidir y que deja que se evaporen por su escasa dedicación. Desde hace al menos una década está creado por ley en la justicia provincial un fuero especial penal económico, pero nunca fue integrado, es decir que en los hechos no existe. Ese fuero especial podría haber servido para investigar este escándalo, como también el caso de las expropiaciones. Por lo bajo y por lo alto, los jueces se quejan que ante la falta de recursos y de personal, solamente pueden ocuparse de las causas con detenidos. Incluso, Maximiliano Blejman, colega de Flores, lo dijo al aire en Paren las Rotativas. Este fraude a Barrick no tenía detenidos.
Pese a no haber ya posibilidad de castigo penal, la resolución del juez Flores en el procesamiento de Pucci sirve para conocer cómo funcionó la maquinaria dentro de la empresa Barrick en San Juan para beneficiar a un grupo de empresas contratistas, en perjuicio de otras. De allí surgen detalles hasta ahora desconocidos.
Sucede que Barrick tiene un procedimiento claro para todas sus operaciones en el mundo que regula el sistema de contrataciones. Hasta determinado monto se puede hacer de manera directa, y luego se va convirtiendo en más exigente hasta que obliga a hacerlo por medio de una licitación. Aún en este rango en que están obligados a licitar, pueden direccionarse las contrataciones si hay un oferente único por determinadas condiciones del mercado. Pero para que una empresa sea oferente único, hace falta que está inscripta en un padrón, con sus requerimientos lógicos.
A Pucci, quien había ingresado a la empresa en el 2000 como “controler” y a principios del 2006 designaron como gerente de administración y finanzas, lo acusan de haber digitado de tal forma el sistema de compras como para beneficiar un grupo de empresas. Concretamente a cinco: Servicio Compass SA Eurest, Sánchez Bustos y Cía., Empresa Viclimp, Minera Zlato, y Autotransportes San Juan Mar del Plata.
Al gerente lo acusaron, y el juez consideró que hay “una grave probabilidad de la presunta culpabilidad”, de haber manipulado el sistema como para hacerlas pasar a las empresas beneficiarias como oferentes únicos, aún sin serlo, o por realizar compras menores para no encuadrar en el sistema licitatorio y luego prorrogarlas por sumas mayores. Como un “concurso” en que una firma la obtuvo por determinar un costo de $3.694.803, que luego fue aumentado a $5.928.635.
Los hechos ocurrieron entre 2006 y 2007, y fueron denunciados a la justicia penal sanjuanina –que no lo pudo resolver- con todo el paquete armado: la empresa había contratado a dos firmas de auditoría externa para investigar las denuncias y cuando la documentación llegó al juez, éste tenía todos los elementos internos en su poder. Sólo tuvo el magistrado que tomar declaración a los involucrados que ya habían dejado los elementos a las empresas contratadas por Barrick.
No figura en la resolución, pero el primer dato de un posible y cuantioso delito salió de un 0800 en Toronto, Canadá, que recibió quejas de un grupo de proveedores sanjuaninos que se consideraban perjudicados. El asunto fue tomado por la empresa, que envió a San Juan a un gerente de Buenos Aires a reunirse con los que se quejaban.
El 29 de setiembre de 2006, José Manuel Aggio, en representación de Barrick, se reunió en el Hotel Alkazar con tres dirigentes de Casemi San Juan, Fabrizio Benedetti, Raúl Imparado y Gastón Pérez Pantano, quienes le dijeron que “la única manera de hacer negocios” era “arreglar” con los gerentes. Esa reunión fue clave: Aggio dijo tener amistad con Imparado, quien organizó el encuentro y le dijeron que “lo que dice el común de la calle” es que hay “cierta preferencia respecto de ciertos proveedores”.
Allí es cuando Barrick decidió contratar a una compañía mundial especializada en fraudes empresariales, FTI Consulting, para que determinara si les estaban haciendo trampa. Cuando se hizo cargo, FTI notó que había resistencias internas a darle información, y se lo hizo notar al juez.
Antes que FTI, había intervenido Ernst & Young y también había concluido que había procedimientos objetados. Lo mismo: trato de proveedor único de manera extraña, un contrato por US$ 15 millones sin licitación, órdenes de compra por un precio inicial bajo que luego se amplía, etc. “Muestran la existencia de un retorno”, dijeron.
En la reconstrucción de los hechos que ya tenía recolectados, el juez tomó declaración a Aggio, a dos de los denunciantes (Benedetti y Pérez Pantano), a miembros de IFT Consulting, hasta que finalmente indagó a Pucci como sospechoso. Aggio dijo que “puede ser que haya un perjuicio para la empresa”. Benedetti (de Urbino) señaló que era “vox pópuli que había preferencias”. Pantano (de Capesa) dijo que “yo en igualdad de condiciones con otros tengo el 20 % de trabajo”. Federico Althabe (de FTI) dijo que “tenía conocimiento de que las empresas habían pagado a Pucci”. Otra persona de la misma empresa, Matías Mora Simoes, detalló caso por casa ante el juez cada presunta irregularidad en el proceso.
Por ejemplo, que Servicios Compass Eurest fue tratada como proveedor único sin estar aprobado como tal. Que en el caso de Sánchez Bustos, “en contra de los procedimientos estipulados, los trabajos comenzaron tres meses antes de aprobar la operación”. Que en el caso Viclimp “se hacen ampliaciones que superan hasta diez veces el valor inicial del contrato”. Que en caso de Zlato “no invita a nuevos concursantes a competir, habiendo concursantes como se detalla en un anexo, entre las que se encuentran Paolini y Stracon. Se detectó un correo en el que el responsable de la empresa (Barrick) al ver el incremento de los valores y el vencimiento del contrato solicitó que se llame a licitación y no adjudicar de manera directa, y sin embargo Pucci responde que no, que el precio es adecuado”.
Finalmente, Flores tomó indagatoria a Pucci en la que el gerente señalado por la acusación dijo lo mismo que dijo esta semana, cuando se presentó a Tribunales a pedir la proscripción de la causa: “No puede en ningún caso una sola persona adjudicar, y en caso particular del declarante no podía tomar yo sólo la decisión de contratar, y más todavía cuando el servicio correspondía para prestarlo en otra área”. Y citó a todos los gerentes según él involucrados en el proceso fraudulento.
El siguiente paso del juez fue tomar declaración a los peritos que intervinieron en los registros de los discos rígidos retenidos a los gerentes, donde constaban los procedimientos de contrataciones. Y de sacar sus conclusiones.
En la resolución, Flores dijo que en la contratación de Eurest “Pucci tenazmente insiste y consigue que sea tratada como proveedor único cuando no se daban las condiciones”. Que en el caso Sánchez Bustos “es favorecida sin haberse contado para la aprobación de esos acuerdos, las firmas de los responsables de las áreas correspondientes”. En el caso Viclimp, que “a Pucci no se le puede imputar como fraudulento su accionar” aunque haya obrado fuera de las normas. En el caso Zlato, que “hizo que nunca tuviese que competir con otras empresas cotizando precios”. Y en el caso de Autotransportes San Juan Mar del Plata, que “no aparecen más oferentes pero no hay constancias de quejas” y no participó Pucci.
Al procesarlo, Flores consideró que “en cada caso concreto violaba los deberes que, para determinado caso o negociación, tenía previstos la empresa en sus manuales de procedimiento”. Le trabó embargo por $1 millón, y a los siete días el expediente pasará al archivo por obra y gracia de lo rápido que caminan los tiempos.
-El juez Flores procesó a Pucci el 14 de mayo por considerar que “hay una grave probabilidad de presunta culpabilidad”. El 20 de mayo, la causa quedó prescripta por el paso del tiempo.
-En San Juan está creado por ley un fuero penal económico desde hace 10 años. Podría haberse encargado de investigar este fraude y hasta el escándalo de las expropiaciones. Pero nunca fue integrado.
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