El desarrollo del cannabis viene hace un tiempo en San Juan siendo un objetivo oficial, en particular por la importancia social que conlleva el uso medicinal. No obstante, por las complicaciones que surgieron a nivel nacional, desde que en 2024 la gestión de Javier Milei decidió intervenir el organismo que maneja las licencias de este producto, ARICCAME, en la provincia se exploran opciones, volcadas en parte a sumar el negocio del cáñamo industrial que tiene variedad de usos. La movida del desarrollo del cannabis en San Juan se viene dando con diversas acciones, todas con final abierto.
La principal línea de abordaje se da desde CANME (Cannabis Medicinal San Juan Sociedad del Estado), la empresa estatal creada por ley el 5 de septiembre de 2019. Su misión es elaborar productos medicinales de alta calidad y trazabilidad a partir del cannabis, a través de alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, universidades, organizaciones científicas e instituciones médico asistenciales. Siempre bajo el principio de la sustentabilidad ambiental, social y económica.
El problema es que se avanzó con socios privados que estuvieron invitados a invertir con cultivos en el campo de El Acequión (ubicado en Sarmiento) habilitado a tal efecto, pero como ARICCAME congeló los permisos para trabajar con cannabis de uso medicinal, los cinco inversores que se acercaron no prosperaron en el negocio. De hecho, uno de ellos está en un pleito con CANME luego de ser desalojados por no cumplir con el contrato y el caso puede terminar en la Justicia.
Con este complejo panorama, el presidente de CANME, Gonzalo Campos, está en tratativas con Casa de Gobierno para poder cambiarle el objeto social a la empresa, lo que permitiría trabajar con cáñamo industrial, que a diferencia del medicinal, sí está siendo autorizado por ARICCAME. Éste se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la producción de fibras para textiles, papel, construcción y compuestos, hasta la obtención de aceite para alimentos, cosméticos, y como base para productos industriales como pinturas, tintas, y plásticos. También se usa en la producción de biocombustibles y para la purificación del agua y el suelo.
Consultado Campos por TIEMPO DE SAN JUAN sobre cómo va esta gestión, adelantó que "ya estaría casi listo, está por firmarlo el gobernador al decreto. Así que seguramente entre lunes o martes ya está el objeto social modificado".
El plan de Campos implica que mientras en Nación liberan los permisos para el uso medicinal del cannabis, se pueda explorar, incluso de la mano de los mismos inversores o de nuevos que lleguen, la utilización del cáñamo industrial.
En la Legislatura
Por otro lado, en la Legislatura de San Juan se estudia en comisión un proyecto de ley presentado por el Bloque Bloquista, en particular por los diputados Luis Rueda y Federico Rizo. Se propone regular en la provincia de San Juan el uso medicinal del cannabis y fomentar el desarrollo del cáñamo industrial.
El proyecto establece un marco normativo propio y actualizado, en sintonía con las leyes nacionales 27.350 y 27.669, y con las leyes provinciales vigentes. Esta norma no despenaliza el uso del cannabis —atribución que corresponde al Congreso Nacional— sino que regula su uso medicinal, terapéutico, veterinario y/o paliativo, además de promover una nueva matriz productiva sustentada en el cáñamo industrial.
Rueda comentó a TIEMPO DE SAN JUAN que "el texto es el resultado de un proceso de construcción participativa, en diálogo con organizaciones de la sociedad civil como Ananda y Asociación Canntiva, que hoy acompañan a miles de personas usuarias en la provincia, muchas de las cuales aún esperan la validación de su inscripción en el sistema nacional REPROCANN. Las ONG aportaron su experiencia territorial en cultivo solidario, control de calidad artesanal, acompañamiento comunitario y formación, lo que enriqueció los contenidos del proyecto".
Este proyecto, entre otros aspectos, crea el Registro Provincial de Cannabis y Cáñamo (REPROCANN-SJ), la Agencia ASCICANN para coordinar el desarrollo productivo, y el Consejo Asesor Multisectorial como órgano consultivo y de seguimiento de la política pública.
Además, se incorpora una perspectiva educativa: el proyecto impulsa programas de formación técnica, profesional y universitaria sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial, con eje en la evidencia científica, los derechos humanos y la producción sostenible.
Para que se apruebe este marco, debería consensuarse con otros bloques parlamentarios, como son el PJ y el orreguismo. El bloquismo viene acompañando algunas iniciativas oficialista en la Cámara de Diputados provincial, pero no hay seguridad de que sea recíproco en este tema tan sensible.
La visión de Rueda, según fuentes de su entorno, pone en duda la utilidad de CANME ya que plantea que es una estructura de personal en un ente con importantes partidas presupuestarias que no está teniendo éxito en la meta para la que fue creada esta empresa estatal. Por su parte, Campos consideraría que este proyecto de ley no va a prosperar. Rueda afirmó que ya habló con el Ministro de Salud de Marcelo Orrego, Amilcar Dobladez, para ir consiguiendo apoyo. El bloquista prevé que el proyecto se nutra de otras opiniones dentro de las comisiones en las que se debatirá.
En la Legislatura recientemente entró un anteproyecto de ley firmado por el conocido abogado sanjuanino Ernesto Clavijo, denominado "enfoque integral del cannabis medicinal y el cáñamo industrial". Si bien el letrado es el representante legal de la empresa que tiene conflicto con CANME, aseguró que la presentación fue como presidente de la asociación civil Bienestar. A la par, expresó que su iniciativa pasó a archivo y que considera que el proyecto de Rueda retoma el espíritu de su propuesta.
Cambios
Por otro lado, se acaba de conocer que el Gobierno Nacional modificó los requisitos para el uso y el cultivo de cannabis medicinal de personas y organizaciones civiles. Estos cambios dictados por el Ministerio de Salud tienen impacto principalmente en ONG’s. Para los usuarios particulares el permiso mantiene el plazo de tres años y la cantidad de plantas. Se conoce que en todo el país hay cerca de 300 mil autorizados y unos 100 mil en lista de espera desde hace más de un año.
En este marco, el bloque Bloquista expresó que ante la nueva resolución de Nación acerca de cannabis medicinal, "si bien aún estamos analizando en profundidad su contenido y alcance, en una primera lectura advertimos que no se menciona expresamente a las organizaciones sociales ni contempla su inscripción como personas jurídicas, lo cual genera preocupación porque son actores fundamentales en el acompañamiento de usuarios medicinales en todo el país, y también en San Juan".
Y agregan que "en cuanto al proyecto provincial que impulsamos desde el Bloquismo, creemos que cobra aún más relevancia. Lejos de contradecir a la norma nacional, busca complementarla y fortalecer el acceso seguro, trazable y con respaldo institucional al cannabis medicinal. En especial, brindando un marco legal a las ONG locales, que hoy acompañan solidariamente a cientos de personas".
Finalmente, postulan que seguirán las repercusiones de la resolución nacional y, en caso de ser necesario, están dispuestos a enriquecer el proyecto.
