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SUSCRIBITEHay puntos que están definidos, y otros que aún se están conversando con las cámaras del sector. El destino de la normativa anterior de proveedores mineros.
La gestión orreguista prepara una nueva Ley de proveedores mineros para San Juan.
En medio de las tensiones y el malestar creciente en San Juan por la contratación de profesionales y proveedores chilenos en el proyecto de cobre Vicuña, se conocieron detalles de la ley que prepara la gestión orreguista para ordenar el escenario de los proveedores mineros frente al gran desarrollo de la minera de cobre que se aproxima a la provincia.
En efecto, San Juan avanza en la formulación de una nueva Ley de Proveedores Mineros, un paso crucial para el desarrollo económico local en el sector. Fuentes del gobierno ofrecieron a Tiempo de San Juan detalles inéditos sobre los pilares de esta normativa, con los puntos definidos y los que aún se están negociando.
Una de las novedades más relevantes es que no se establecerán porcentajes obligatorios de contratación local: los proveedores sanjuaninos deberán competir en igualdad de condiciones con empresas de otras provincias o países.
La nueva norma reemplazará a la anterior Ley de Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), calificada por la actual gestión como "letra muerta". Aunque fue sancionada, nunca se reglamentó, lo que impidió su aplicación. Según fuentes gubernamentales, la ley anterior fue rechazada tanto por la Cámara Minera como por proveedores: “Nadie la quería”, dijeron.
Uno de los principales problemas que le objeta la actual administración es que antes bastaba con tener domicilio legal en San Juan para figurar como proveedor local, lo que facilitaba la proliferación de “domicilios fantasmas”. La nueva ley busca corregir ese vicio y establecer requisitos más rigurosos.
Un paso significativo y que sienta un precedente distinto es que, a diferencia del pasado, la Cámara Minera, que "nunca ha querido ley de proveedores", ahora "ha aceptado que haya una ley y han hecho una propuesta", aseguraron las fuentes. Las principales novedades del borrador de la futura legislación incluyen:
En lugar de fijar cupos de contratación, la futura ley impondrá una obligación clave: todas las empresas mineras deberán presentar un "plan de desarrollo de proveedores". Este plan deberá ser actualizado todos los años, reportar su avance semestralmente y establecer "compromisos de contratación de personal y de proveedores".
Además, tendrá que distinguir entre proveedores locales de la comunidad y del resto de la provincia, indicar cantidad de proveedores y montos de contratación de proveedores, y también fijar objetivos "progresivos", es decir, que "de un año al otro tienen que ir creciendo" en porcentaje de contratación local. Por último, deberán identificar "áreas de desarrollo" donde se puedan potenciar proveedores locales.
Este plan será una "obligación legal", y la información resultante será pública, parte de una "declaración jurada estandarizada" que permitirá comparar también entre las empresas. El gobierno aspira a obtener una "radiografía completa" de empleo y proveedores (extranjeros, nacionales, sanjuaninos y de la comunidad).
Las fuentes del gobierno también señalaron que los proveedores locales deberán "cumplir con los mismos requisitos de empleo que la minera" en cuanto a porcentaje de mano de obra local. El enfoque es que los proveedores locales "tienen que acostumbrarse a competir y a cotizar igual o más barato que las de afuera", asegurando que la contratación sea por valor y no por imposición.