San Juan espera un despegue de grandes proyectos de la minería del cobre, y en momentos donde se ha disparado la tensión y el debate sobre la contratación de mano de obra local, se conoció que el gobierno de Marcelo Orrego piensa tomar cartas en el asunto: avanza en definir una legislación en torno al cupo local en la minería.
“En materia de proveedores mineros queremos avanzar, por supuesto con una legislación que proteja dentro de las limitaciones que ya establece el RIGI y todo lo que se ha actuado en materia de esta promoción minera a nivel nacional. Con ese marco nosotros tenemos que tratar de legislar de manera inteligente para que la mayor parte del valor agregado que se genera quede en la provincia de San Juan”, le dijo ayer el Secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar; a empresarios mineros que se congregaron en la presentación de un nuevo emprendimiento de soluciones tecnológicas para el sector.
Fue la primera declaración oficial en torno al cupo minero, y se suma a otras dos iniciativas parlamentarias, una provincial y otra municipal. Es que la primavera llegó con turbulencias en el sector que esta semana tuvo una ebullición con el gremio AOMA que salió a denunciar que Josemaría y Filo contratan más trabajadores chilenos que sanjuaninos. El asunto escaló al punto que se involucró la Cámara Minera y hasta el gobernador Orrego que salió a desmentirlo. Luego, el Ministerio de Minería emitió un comunicado con cifras oficiales de contratación local.
El proyecto provincial
Se sabe que la gestión orreguista definió que los ministerios de Minería y de Producción trabajen juntos el tema minero: el primero, con la política minera directa con los operadores del sector, y el segundo con los proveedores y mano de obra local. Fuentes de las cámaras de Construcción, de Industriales y de proveedores admitieron haber sido consultados por el gobierno sobre el tema, en los preparativos de una legislación que fije un cupo de contratación de mano de obra local.
Aciar, ayer en la presentación de la empresa tecnológica minera Trazalog; lo admitió abiertamente: ”En la mano de obra, los primeros que tienen que estar empleados son los sanjuaninos. Por supuesto, siempre que estén las condiciones, las cualidades de los trabajadores para ocupar esos puestos que se requieran”, dijo.
“Probablemente existan algunos casos muy puntuales donde no se encuentra un perfil o que ya estén agotados los que tienen ese perfil y por supuesto que se va a traer o se contratará mano de obra de otro lugar. Pero los primeros en la fila tendrían que ser necesariamente los sanjuaninos”, expresó.
Agregó que “por supuesto que el proyecto de ley lo vamos a enviar nosotros, pero los que van a sancionar son los legisladores de la provincia de San Juan”, advirtió al aclarar que el oficialismo no cuenta con mayoría en la Cámara. Por ende, requerirá del acompañamiento de la oposición para sancionar una ley al respecto. En ese sentido, la apuesta oficial es que los empresarios proveedores y las cámaras relacionadas tendrá un protagonismo fundamental para lograr el objetivo que parte del valor agregado de la minería quede mayoritariamente en San Juan.
”Los proyectos, y esto debo decirlo en honor a la verdad, son tan grandes que la demanda que va a traer aparejada no sé si la podamos cubrir en muchos de los casos con empresas sanjuaninas”, admitió el funcionario, e instó a los empresarios a buscar formas inteligentes de asociarse, mediante la unión transitoria de empresas u otros mecanismos.
Ley anterior
Claramente la gestión orreguista avanza en crear una nueva ley superadora, que reemplace al Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (R.U.P.E.M), una legislación de “compre minero local sanjuanino" creada en 1914 que tuvo muchas idas y vueltas, y no logró ponerse en marcha.
El oficialismo piensa que allí se volcaron metas e indicadores “muy bonitos para la política o para quedar bien con ciertos sectores”, pero que no pudieron cumplirse. Aquella ley fijaba entre otras cosas que las mineras debían contratar el 75% de proveedores locales, que estos debían tener el 80% de personal sanjuanino y sus acciones societarias en un 505 debían tener domicilio en la provincia.
El oficialismo piensa que se deben colocar metas que se puedan cumplir en forma inteligente, para tratar de legislar primero con una ley que salga de la legislatura provincial, y que luego tenga su reglamentación correspondiente en el Ministerio de Minería como autoridad de aplicación, o quizá con la participación del Ministerio de Producción.
Otras dos iniciativas
Ya hay otras dos iniciativas parlamentarias. Una en Diputados y otra en la municipalidad de Iglesia. La primera es un proyecto de comunicación enviado por el diputado bronquista Gustavo Deguer, que se aprobó por unanimidad la semana pasada en San Juan. Propone que Ministerio de Minería y la Secretaria de Estado de Ambiente legislen sobre la contratación de proveedores y mano de obra, antes de brindarle la Declaración de Impacto Ambiental a las empresas.
Además, el jueves el Concejo Deliberante de Iglesia aprobó una ordenanza –la cuarta sobre el tema- que solicita que las mineras que estén explorando, en construcción o en explotación; que informen a la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Iglesia donde se ubica su empresa en el departamento y la cantidad de personal que tiene, distinguiendo el que es del departamento. Incluso les ordena que tengan instalaciones o una oficina en el departamento para mantener una comunicación fluida.
Solicita además que se cumpla una ordenanza del 2021 que exige que las subcontratistas tengan un 70% de mano de obra iglesiana, y además solicita que las mineras aporten fondos para la capacitación y preparación de trabajadores iglesianos para los diferentes rubros que necesitarán. La ordenanza aun no fue promulgada por el intendente Jorge Iglesia.