El Concejo Deliberante de Jáchal aprobó una ordenanza que declara “área protegida municipal” a Pampa del Chañar, el sitio en donde se encuentra la reserva de agua dulce más importante del departamento. La legislación prohíbe cualquier actividad minera en el lugar, incluida hasta la exploración. En la Provincia la ordenanza generó preocupación y el equipo legal aseguró a Tiempo de San Juan que un municipio no tiene potestad en declarar áreas protegidas dentro de su departamento. Citó un ejemplo que terminó en la Justicia. Qué dijeron los inversores.
El cuerpo pleno de concejales, integrado por Héctor Sánchez, Mariela Mesías, Walter Berón, Sonia Araya, Gema Casas y Felipe Táñez, elevó el proyecto de ordenanza, que fue aprobado el 2 de septiembre. Detrás de la iniciativa, hubo una solicitud de la Asamblea Jáchal No Se Toca a los legisladores para que generaran mecanismos de protección a la cuenca hídrica de Pampa del Chañar.
La argumentación de la ordenanza se sustenta en el artículo 41 de la Constitución, que establece “el derecho a un ambiente sano, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas sin comprometer a las generaciones futuras”. También recurre a un pasaje de la Ley Nacional 25688, que en el artículo 8 ampara “la declaración de zona crítica y la protección especial a acuíferos, áreas de importancia hídrica, cuencas o masas de agua por su interés ambiental”. También citan a la Convención de Derechos Humanos y a los Derechos del Niño, entre otros tratados y normas jurídicas.
La ordenanza aprobada declara a la cuenca hídrica de Pampa del Chañar como área destinada únicamente a la provisión de agua potable y la califica como “área protegida municipal de interés ambiental y público”. En el artículo dos es donde se deja asentada la protección a “perpetuidad” de la Cuenca donde se encuentra el acuífero, prohibiendo “toda actividad distinta como: prospección, cateo, exploración, explotación de minería metalífera y no metalífera y minería de elementos radioactivos como uranio y torio”.
El equipo legal de la Provincia observa con preocupación la sanción de dicha ordenanza y calificó la norma de “innecesaria. Argumentó que los municipios no tienen la potestad de sancionar ordenanzas que creen áreas protegidas nuevas ni tampoco pueden prohibir la actividad minera.
Los especialistas abocados al estudio de la ordenanza subrayaron que por ley las áreas naturales protegidas conforman el Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Remarcaron que “la Ley 606 indica que la Subsecretaría de Política Ambiental, dependiente de la Provincia, será la autoridad de aplicación en temas medioambientales y entre sus funciones está hacer cumplir las normas, la ejecución de las acciones tendientes a proteger, conservar y desarrollar la flora y la fauna” y agregaron como argumento que la Provincia es la única autoridad en el territorio con poder de policía medioambiental.
Las fuentes consultadas recordaron que en el 2005 en Calingasta el ex intendente Adolfo Ibaceta convocó a un plebiscito para que los vecinos votaran a favor o en contra de la actividad minera en el departamento y la Justicia le denegó la posibilidad. Los argumentos para el rechazo fueron que los recursos son de la Provincia y los municipios no pueden legislar en este tipo de asuntos.
La primera convocatoria fue presentada en 2005; la segunda, en junio del 2006. Al revocarlas, se argumentó que las intendencias no están habilitadas para preguntar sobre el tema minero. Además, le marcó al jefe comunal errores en la formulación del llamado. Ibazeta volvió a insistir en el 2007 con una nueva formulación para no utilizar la palabra “minería” y proponía que la población se expresara sobre la manipulación y el transporte de sustancias tóxicas que podrían poner en peligro la sanidad ambiental en el departamento. En aquella ocasión el Tribunal Electoral volvió a insistir en que tanto la minería como el medio ambiente están bajo la órbita exclusiva de la Provincia.
En la fan page de la Asamblea Jáchal No Se Toca celebraron que los concejales hayan aprobado la ordenanza. “Pidieron asesoramiento al INA CRAS (Instituto Nacional del Agua y Centro Regional de Aguas Subterráneas) y con el informe que dice claramente en sus conclusiones que “El acuífero de Pampa del Chañar, es la única reserva de agua para consumo humano de la Ciudad de Jáchal” resolvieron avanzar con la protección. Hay que decir que existe una ley que preserva a medias 11.000 hectáreas, pero únicamente es sobre el lugar donde están los pozos de extracción de agua del acuífero de Huachi, de donde nos proveen de agua a la población de la ciudad de Jáchal, a través de un acueducto de 22 kilómetros de extensión. Pero era un gran engaño porque dejaba desprotegidas todas las recargas de nuestro acuífero. La sanción de esa ley fue ampliamente difundida por los medios provinciales. Ahora fue sancionada hace una semana la ordenanza N°3172, que es una verdadera protección sobre una superficie de 113.400 hectáreas”, postearon.
El consultor minero Mario Capello, del grupo Sarmiento, dijo que la ordenanza sancionada en Jáchal no es una buena señal para los inversionistas. “Gracias a la minería en Jáchal se construyó el polideportivo Papa Francisco, el micro hospital de Huaco, el hospital San Roque y hasta el acueducto en Pampa del Chañar. Todo lo han logrado gracias a la minería; poner trabas y dificultades trasciende a nivel internacional”, apuntó.
En octubre de 2009, se inauguró junto a la planta de captación e impulsión Pampa del Chañar, el nuevo acueducto y el reacondicionamiento de la planta potabilizadora Jáchal. Desde los sectores mineros no ven con buenos ojos que en el departamento reciban fondos mineros para hacer obras, pero le pongan “trabas” a la actividad que las financia.
La ordenanza aprobada en el Concejo insta a presentar esta misma iniciativa en la Cámara de Diputados como proyecto de ley. Desde la Provincia analizan recurrir a la Justicia si la normativa llegara a ponerle límites a su accionar o al desarrollo productivo.
