El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ante el juez Claudio Bonadio la detención e indagatoria de Jorge Mayoral, sanjuanino por adopción, quien se desempeñaba como secretario de Minería de la Nación. Además, se pidió la misma medida judicial para otros resonantes ex funcionarios K Julio De Vido, Roberto Baratta, el ex gobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, el empresario excarcelado recientemente Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), de Ernesto Maxit de la misma empresa, de Miguel Larregina (Ex Coordinador de YCRT), entre otros. La solicitud se realizó en una causa por sobreprecios en la Usina de Río Turbio.
La causa tuvo sus vericuetos judiciales, ya que el juez Bonadio sobreseyó a los acusados pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez reclamó su apertura y la Cámara porteña hizo lugar.
Ante esta circunstancia, el magistrado ordenó realizar una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.
Por ello se ordenó un informe pericial que contraste con el de la Sindicatura general de la Nación (SIGEN) que fijó un sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra es parte de los fondos que Planificación Federal destinó para la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) responsable de abastecer de carbón a la Usina que no se terminó.
Según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a U$S 1.631.355.105, cuando fue adjudicada por U$S 857.341.128: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original.
El informe pericial que ingresó al juzgado de Bonadio recientemente habría confirmado las sospechas: “La oferta realizada por la UTE quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128 equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”, explicita el dictamen del fiscal Marijuan al que accedió Clarín.
El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. Al momento de sustentar las responsabilidades y detenciones, Marijuan indicó que hubo “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”.
Por ello, el fiscal determinó que dichas irregularidades “permiten sospechar” que el gobierno de Cristina Kirchner “buscó beneficiar a Isolux Corsán”. Los acusó además de proceder coordinadamente para "desviar el interés público generando un perjuicio millonario a las arcas del Estado y el consecuente beneficio económico ilegal de quienes gozaron de las prerrogativas otorgadas por fuera de los canales lícitos que regular las contrataciones de obra pública".
En este contexto, Marijuan solicitó la indagatoria y prisión preventiva de Mayoral junto a Julio De Vido (preso por defraudación), Roberto Baratta (preso en la causa de los cuadernos), el ex gobernador Daniel Peralta y ex interventor de YCRT, Rolando Aramini, Atanasio Pérez Osuna, Miguel Ángel Larregina, Néstor Prades y los ex responsables de Isolux Ernesto Maxit y Juan Carlos De Goycochea (recientemente excarcelado en la causa de los cuadernos).
Al momento de justificar el pedido de detención, señaló que existen "riesgos procesales" y señaló que ante "las características de los hechos y el perjuicio provocado al erario público" resulta "procedente el encarcelamiento de las personas y el llamado a indagatoria". Asimismo, sostuvo que las personas involucradas en la causa "pueden mantener en la actualidad lazos que les posibilitara llevar adelante las maniobras ilícitas, sin generar ningún tipo de sospecha".
La causa
La investigación por la Usina de Río Turbio se inició por una denuncia del entonces diputado Juan Carlos Morán, sobre la construcción de la Central Termoeléctrica, a cargo de la firma española Isolux Corsán. La principal sospecha era la comisión de fraude en perjuicio del “patrimonio nacional y contra la salud pública”, consignando que el costo de la obra “superaría en un 174% el pagado en Chile por una central de similares condiciones”.
En su momento el juez ordenó realizar una pericia sobre los costos a nivel mundial en aquella época de las centrales termoeléctricas. Dicho peritaje respecto a la contratación y construcción, y si la misma había implicado un perjuicio al erario público, concluyó que “no se verificaron los denunciados sobreprecios y que el valor por el cual se llevara a cabo la contratación era correcto, ni tampoco existía afectación ambiental alguna al momento de lo resuelto”. Por ello, se sobreseyó a De Vido, al ex gobernador Daniel Peralta y a otros ex funcionarios santacruceños.
(Fuente Clarin).
