La nafta podría bajar en octubre por primera vez en 5 años

Clarín pudo confirmar que ejecutivos de la industria petrolera analizan seriamente una baja de la nafta, aunque también hay motivos que juegan en la dirección contraria: la devaluación del peso contra el dólar y la actualización de los precios de los biocombustibles (bioetanol y biodiésel), de 2% mensual en ambos casos, así como la necesidad del Gobierno de recuperar recaudación tributaria con la suba de impuestos a los combustibles.

¿Baja la nafta en octubre?

Con todo, la ventana de oportunidad que se abrió puede ser un golpe de suerte para el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Aunque la situación los exceda -porque está originada en el mercado internacional-, La Libertad Avanza (LLA) podría aprovechar para mostrar políticamente que en su gestión bajó la nafta, aunque sea apenas unas décimas. Es algo que no le pasó a Alberto Fernández y que pudo disfrutar una vez Mauricio Macri.

La cuestión también va a desatar negociaciones duras en los próximos días entre las refinadoras -YPF, PAE (Axion), Raízen (Shell) y Trafigura (Puma Energy)- y las productoras de petróleo no integradas (Vista, Chevron, Shell, Pluspetrol, Petronas, Equinor, Phoenix y Exxon, entre otras) por el precio al que se pagará el crudo de Vaca Muerta -"Medanito"- en el mercado local.

Durante agosto, las refinerías abonaron entre 68 y 71,50 dólares por barril a los productores, mientras el precio internacional del Brent -la referencia en Argentina-, tuvo un promedio cercano a los US$ 79 y la paridad de exportación estaba arriba de los 72 dólares.

En septiembre, las refinerías están acercando ofertas que oscilan entre US$ 66 y 67 por barril, en tanto que el promedio del Brent está apenas por debajo de los US$ 73. En esta cuenta inciden el 8% de derechos de exportación (retenciones) y los descuentos por calidad, así como el "dólar blend" 80% oficial y 20% contado con liqui.

Es decir, las refinerías jugarán para hacer caer lo que pagan a las productoras de crudo en el mercado interno, y eso poder trasladárselo en parte a los consumidores.

La pelea es por márgenes de ganancia. Desde una petrolera no integrada lo graficaron así: "Ellos podrían pagar el export parity -paridad de exportación-, considerando que sus márgenes son los mayores de toda la historia. Le cobran precios altos a los consumidores, pero a los productores nos compran barato. El crack spread -diferencia de precios entre el crudo y los productos refinados- es de US$ 26 por barril, mientras que en Argentina el promedio histórico es de US$ 17 y en el mundo, de US$ 12".

Por su lado, el director comercial de otra productora planteó: "Sería una buena oportunidad para liberar el surtidor, ya que hoy está al nivel de paridad de exportación. Y ahí sí, una vez que liberás el mercado, si sube el petróleo, aumenta la nafta, y si cae el crudo, también los combustibles".

Pese a que formal y regulatoriamente el mercado interno es libre, en los hechos hasta agosto las refinadoras pagaban a las productoras un precio menor al de la paridad para no tener que aplicar aumentos mayores al público -en septiembre fueron de 3% promedio nacional y hasta 7% en la Ciudad de Buenos Aires-. Es decir, el mercado no era libre en los hechos, algo que sí podría empezar a pasar en los próximos días.

Los impuestos, el frente de conflicto

Ante esto, el Gobierno podría aprovechar para recuperar recaudación tributaria con la actualización pendiente de los impuestos a los combustibles. De acuerdo a la normativa vigente, restan aumentos en la nafta por $ 163 por litro y en gasoil, por $ 103, lo que representan subas de hasta 15,4% y 9,5%, respectivamente, en relación con los valores de YPF en la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los cálculos de la consultora Economía & Energía, por mantener atrasados estos impuestos para anclar la inflación, el Gobierno se pierde el equivalente a más de 200 millones de dólares por mes, que le ayudarían a ampliar el superávit fiscal o aflojar el ajuste en otras áreas. Por ejemplo, hubiera servido para otorgar mejoras en las jubilaciones y evitar un veto total a la ley que sancionó el Congreso.

De hecho, el Presupuesto 2025 establece una previsión de recaudación por impuestos a los combustibles y al dióxido de carbono por $ 2.170.856,2 millones -$ 2,1 billones- este año, el equivalente a 0,38% del Producto, que crecería hasta los $ 5.539.780,6 millones -$ 5,5 billones- o 0,73% del PIB en el siguiente ejercicio. Es un ajuste de 0,35 puntos porcentuales o más de 2.000 millones de dólares para el año que viene.

FUENTE: Clarín