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SUSCRIBITE El acto se desarrolló en un centro de jubilados de San Telmo y el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el titular de la Anses, Emilio Basabilbasso, el titular del PAMI, Carlos Regazzoni; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, entre otros funcionarios.
El jefe de Estado informó sobre el envío al Parlamento de una "súper ley" que contemplará el pago a los jubilados que tienen sentencia judicial firme, para aquellos que tienen juicios en trámite y también ajustará una parte importante de los haberes jubilatorios.
La iniciativa incluye también blanqueo de capitales y modificaciones impositivas que incluirán al impuesto a las Ganancias y la restitución de fondos a las provincias, según comentaban en la Casa Rosada. Estas iniciativas ingresarán al Congreso Nacional el mismo lunes, según adelantaron ámbito.com fuentes de la Casa Rosada.
Macri no dio muchos detalles de las iniciativas, pero sí contempla exponer el espíritu que animó a su gobierno a trabajar contra reloj para intentar contar estas leyes durante este trimestre.
En la Rosada se percibe el entusiasmo ante estas medidas que - descartan - lograran una plena aceptación. Por ejemplo, el lanzamiento del blanqueo impositivo junto con la reparación a los haberes de los jubilados no es casual: "quien se opondrá a que se destinen fondos del blanqueo para pagar a los abuelos", argumentan no sin razón.
De acuerdo con las cifras del INDEC, los activos de los argentinos fuera del sistema suman unos 220.000 millones de dólares. En fuentes oficiales calculan que un blanqueo exitoso rondaría los 60.000 millones de dólares.
Aunque, cabe indicar que este viernes sólo se conocieron los grandes capítulos de la iniciativa, ya que la implementación del pago y los ajustes de haberes que beneficiarán a unos 2 millones de jubilados demandará una serie de procesos que llevarán tiempo.
Las autoridades anticipan que los pagos se harían gradualmente, comenzando con los jubilados con más edad, los enfermos y aquellos que se encuentren en situaciones críticas.
Cabe indicar que según trascendidos, se pagará a cera de un millón de jubilados entre los que cuentan con sentencia firme (50.000), los que aún están en trámite (250.000) y también quienes están en condiciones de iniciar acciones legales pero que aún no lo han hecho (otros 700.000). Se estima que el gasto total se estima en 250.000 millones de pesos.
Los fondos serían suministrados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que cuenta con 750.000 millones de pesos. Por el momento se descarta la venta de las participaciones accionarias con que cuenta el fondo. "Si apostamos al crecimiento de la economía las acciones de las empresas darán más utilidades y capitalizarán al fondo", explican en el gabinete económico. También se establecerá la intangibilidad del FGS para evitar que en el futuro se utilicen dichos fondos para otros destinos como lo hizo el gobierno anterior.
A esta suma de 250.000 millones de pesos habrá que agregar la que resulte del ajuste de los haberes de unos 2 millones de jubilados. Se estima que los haberes podrían subir de un promedio de 7.000 a 11.000 pesos mensuales.
Asimismo se contempla el envío de una iniciativa que modifique el tema del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y no se descartaba modificaciones del sistema de coparticipación.