A diferencia del Ministerio Público, el Fiscal de Estado desistió de pedir pena para tres de los imputados tras considerar que no hay elementos suficientes para sostener la acusación. Con las indemnizaciones que se pagaron y las sentencias que están pendientes, los querellantes aseguraron que el perjuicio a la Provincia la habría dejado en la quiebra, pues sería de 300 millones de dólares.