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disputa de años

El destino de las familias del barrio ferroviario, en manos de un juez de faltas municipal

Si bien una parte de los ocupantes dejarán el lugar, otra parte resiste y plantea la incompetencia y el cambio de jurisdicción para que la Justicia Federal intervenga.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Una parte de las familias que ocupan el Barrio Ferroviario dejaría el lugar a fines de septiembre, según lo adelantó el intendente de Capital Emilio Baistrocchi, mientras que la otra parte resiste y da pelea en la Justicia de Faltas Municipal, desde donde se espera que el juez que entiende en la causa se expida sobre la situación. 

La disputa es por los terrenos situados sobre calle Las Heras frente al Teatro Bicentenario y toda la manzana que representan. Las familias que allí viven desde hace décadas aseguran que Nación les cedió el espacio, a pesar de que ninguno escrituró. Sin embargo, desde la municipalidad capitalina afirman que no fueron donados y que le pertenecen, al punto que ya tienen planificada la construcción de un polo gastronómico. 

Aunque 6 de 16 familias se retirarían bajo su propia voluntad, luego de haber llegado a un acuerdo de subsidio y una solución habitacional, las 10 que restan se aferran a la ilusión de quedarse y por ello aspiran a contar con la derecha de la justicia. Acorde manifestó uno de los abogado que las representa, el juez Horacio Hernández no tiene competencia en el hecho. 

Es que el Dr. Dante Robles Roca sostuvo que el titular del Juzgado de Faltas Municipal Nº1 no debería entender en el posible desalojo, ya que no es su jurisdicción porque la Justicia Federal tendría que intervenir. "Seguimos planteando la incompetencia, veremos si el juez le corrió vista a los fiscales municipales y luego emitir una resolución. Aún así tendrán que justificar con pruebas su postura", expresó. Dado el contexto, en manos de Hernández quedaría la cuestión.    

El argumento de las familias que viven allí es que existen documentos tanto de Nación como de la Provincia que avalan la posesión de los descendientes de empleados del ferrocarril. Por su parte, desde el Municipio, citan una resolución de la Dirección de Catastro que contradice ambos dictámenes. 

Baistrocchi había asegurado que a todas las familias se les dará una solución y que "no quedarían en la calle". Sin embargo, para las que no se retiren "se procedería al desalojo a través de la Justicia". 

Por la vía federal, algunas familias iniciaron el proceso de posesión veinteañal. Lo que se busca es que a través de la sentencia de un juez, se puedan escriturar los inmuebles. 

Si las familias obtienen lo que persiguen en el fuero federal, al municipio capitalino le quedaría la posibilidad -si es que todavía pretendiera obtener la manzana ubicada en una zona top para su explotación- de expropiar los terrenos o bien comprar los derechos posesorios de las familias.

 

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