Otra vez liberaron a sospechosos de violación por errores procesales

 

Ahora hay una disputa entre el fiscal de caso, José Eduardo Mallea, y los defensores Ricardo Moine y Sandra Leveque, apoyados por la Sala III de la Cámara Penal, quienes marcaron graves irregularidades procedimentales.

 

Entre los errores, la defensa señaló que los jóvenes fueron detenidos sin orden judicial y sin mediar denuncia. La detención y procesamiento se basó sólo en el testimonio de la víctima, que aseguró haberlos reconocido como los sujetos que la atacaron en un descampado, sujetaron y violaron.

 

Los letrados que defienden a los jóvenes cargaron contra el juez que investigó el hecho, Guillermo Adárvez, afirmando no haber visto jamás un proceso tan defectuoso y poco apegado a las normas procedimentales.

 

El fiscal Mallea, en tanto, pidió 9 años de cárcel para los sospechosos, y consideró que el hecho está probado. Mallea también defendió el accionar de la policía y de la justicia, y resaltó como hecho curioso que no se hayan detectado las fallas un año atrás, cuando se realizó el control de jurisdicción. 

Juan Manuel Castro estuvo detenido 23 meses, y luego el juez de cámara Héctor Fili, en fallo al que adhirieron sus colegas Eugenio Barbera y Ricardo Conte Grand, determinó que "se advierte nítidamente un arbitrario y espurio procedimiento policial de allanamiento de morada, de detención de –Juan Manuel- Castro y de secuestro de las prendas que vestía y del cuchillo hallado en el interior del inmueble, constituyendo ello un accionar excesivo de la fuerza, máxime cuando no existían circunstancias que permitieran adecuar tal actuación a los supuestos expresamente previsto en el Código Procesal Penal, por lo que necesariamente tales actos vulneraron infundadamente prerrogativas elementales del ordenamiento legal”.

 

Así, el tribunal decidió remitir a la fiscalía de instrucción en turno para que investigue por privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y falso testimonio a los policías de la Seccional 26 Víctor Ariel Bustos –oficial ayudante- y Sergio Santiago Villegas –cabo primero-, quienes allanaron la vivienda y detuvieron a Juan Manuel Castro, ante la denuncia de abuso sexual  que había hecho una joven el 4 de junio de 2010.

 

Otro caso resonante de errores graves de funcionarios judiciales sanjuaninos tuvo como protagonista a Carlos Alberto Brizuela.

 

Brizuela fue condenado en San Juan por "abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante reiterado” y "corrupción de menores agravada”. Le dieron 16 años. Ya había pasado preso 3 años y medio. La denuncia la había radicado su hija y la madre de su hija. Pero la defensora oficial, Mónica Beatriz Sefair, consiguió que todo lo actuado se declare nulo por dos "detalles” que se les pasaron por alto a fiscales y jueces del caso: los hechos habían ocurrido en San Luis, y la niña, testigo clave, había reconocido que su historia no era cierta.

 

Esto desató un verdadero escándalo en Tribunales, al punto que, ya con Brizuela libre por estas irregularidades la sala II de la Corte de Justicia integrada por Carlos Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal, sancionó a los jueces María Inés Rosellot, Juan Carlos Peluc Noguera, José Atenágoras Vega y Néstor Kerman y los fiscales Daniel Guillen y Alicia Esquivel Puiggrós, actuantes en diferentes momentos del proceso.

 

La defensora de Brizuela no se explica cómo se les pasó por alto el tema de la jurisdicción. "A mí me nombraron en diciembre. Antes, como secretaria, yo había destacado que los hechos habían ocurrido en San Luis, parece que nadie le dio importancia a esa nota, o pensaron que podían probar que algún abuso había ocurrido en San Juan. Con uno sólo que se hubiera dado en la provincia alcanzaba para juzgarlo aquí”.

 

Reciente es también el caso de Alfredo Villegas, acusado de abusar de sus propios hijos, preso y luego excarcelado por decisión de la propia corte de justicia de la Provincia.

 

"Declarar la nulidad absoluta de la ilegítima detención y requisa operada el 30 de octubre de 2012 contra el ciudadano Alfredo Gabriel Villegas Montaño”, señalaron en el fallo los cortistas Eduardo Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal y Adolfo Caballero, y resolvieron anular todo el caso del minero acusado de abusar de sus tres hijos menores de edad.

En consecuencia, los cortistas ordenaron "la inmediata libertad” de Villegas, quien estuvo preso desde hace 22 meses.

La Corte se hizo eco del "incidente de nulidad a favor de Alfredo Villegas” que había planteado su defensor, Federico Petrignani Camargo, quien consideró que "la privación de libertad del encartado, y el secuestro de efectos, fue efectuada de modo irregular y sin la pertinente orden escrita de allanamiento, toda vez que las denuncias fueron efectuadas el 29 de octubre de 2012, entre las 13.45 y las 14.45, y la detención se concretó el día 30 a las 3.35 horas, sin haber cumplimentado lo normado en el artículo 333 del Código Procesal Penal. A partir de allí se sostiene que todo el procedimiento estaría viciado de nulidad”.

Básicamente, el planteo del defensor es que la policía actuó sin orden judicial, la cual se incorporó luego de que se efectivizó la privación de la libertad.