Dura reacción del juez de las expropiaciones con el fiscal

 

La tensión entre el juez y el fiscal de la causa judicial más importante de la historia judicial local va en aumento.

Ahora el juez reaccionó dura y formalmente ante el apriete legal del fiscal para que apurara la segunda etapa de la investigación del escándalo de las expropiaciones, la cual tiene en la mira al ex juez Carlos Macchi por sus fallos millonarios contra el Estado provincial, al abogado Santiago Graffigna (quien cobró esas sentencias), a tres ingenieros que hicieron peritajes a favor de Graffigna y en la que se conocerá si procesan o no a los abogados Horacio Alday y Gustavo Mulet por sus vínculos con algunas de las causas viciadas de irregularidades.

Esta no es la primera vez que hay cruces entre el juez Benito Ortiz, subrogante del Quinto Juzgado de Instrucción, y el Fiscal de Instrucción N°3, Carlos Rodríguez. El más duro de ellos fue cuando el representante del ministerio público intentó abandonar la investigación por su amistad con un presunto sospechoso y el juez lo obligó a seguir al rechazarle ese motivo porque la persona invocada no estaba aún legalmente involucrada en la causa. Incluso, más allá del cruce legal, también hubo un fuerte cruce verbal por ese episodio.

"Recuérdesele al Sr. Agente Fiscal que las denuncias que dieron origen a la ampliación del requerimiento fiscal, fueran radicadas en esa fiscalía en fechas 21 y 26 de marzo de 2014, mientras que el consecuente requerimiento fue interpuesto en fecha 2 de setiembre de 2014”, dijo, con crudeza y sin rodeos, el juez Benito Ortiz.

Incluso, el juez Ortiz optó por responderle al fiscal de manera forma. Lo hizo el miércoles 17 de septiembre mediante una "providencia”, que es el escrito que en la Justicia se usa para ordenar legalmente el material de todo el proceso de una causa. Y lo hizo de esa manera para que también quede constancia en la causa de la respuesta, para que en el futuro no se lo cuestione por los tiempos de la investigación judicial.

De esa manera, el juez Ortiz le hizo saber al fiscal, e hizo constar en el expediente, que fue él  quien se demoró seis meses en accionar la investigación de la segunda etapa de la causa de las expropiaciones.

Ese tiempo es el que pasó entre el 21 de marzo (cuando el Fiscal de Estado Guillermo De Sanctis denunció penalmente al ex juez Macchi), el 26 de marzo (cuando el Fiscal General subrogante Eduardo Mallea denunció penalmente a Macchi) y el 2 de septiembre, cuando el fiscal Rodríguez hizo el requerimiento que permitió oficialmente avanzar en la investigación penal.

Esta segunda etapa nació por los hechos que se ventilaron en el juicio político a Carlos Augusto Macchi, el cual terminó con la destitución en diciembre último.

 

Por otro lado, el juez Ortiz también dedicó un párrafo en la providencia al fiscal Rodríguez sobre la resolución de la situación procesal de los abogados Horacio Alday y Gustavo Mulet, quienes ya fueron indagados por sus vínculos con causas de expropiaciones en las que hubo irregularidades y falta que el juez resuelva si los procesa o no.

"Téngase presente lo solicitado para su oportunidad”, respondió el juez Ortiz al fiscal Rodríguez por escrito.

Este nuevo episodio judicial que incrementó la tensión entre el fiscal y el juez de la causa de las expropiaciones tuvo su origen en una declaración que el Fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, hizo el lunes 15 de septiembre ante Tiempo de San Juan, cuando calificó de "excesivo” el tiempo que el fiscal Rodríguez se había tomado para hacer el requerimiento contra el ex juez Macchi tras la denuncia que él y el Fiscal General subrogante habían interpuesto en marzo último en la oficina de la fiscalía que dirige Rodríguez.

A las 24 horas siguientes, con evidente malestar por las declaraciones del Fiscal de Estado, el fiscal Rodríguez se presentó en el Quinto Juzgado de Instrucción –donde se tramita la causa- y apuró formalmente al juez Ortiz.

Lo hizo al presentar un "preferente despacho”. Esa es una herramienta legal que el fiscal tiene el fin de evitar la prescripción y la paralización de la causa. Más allá de lo legal, es una forma de hacer constar públicamente que el fiscal le advirtió en ese momento al juez que la causa no evolucionaba.

Con esa medida el fiscal le pidió al juez que tomara las medidas probatorias que él había solicitado; que citara a declaración indagatoria al ex juez Macchi, al abogado Graffigna y a los ingenieros que habían hecho peritajes y que citara a 15 personas a declaraciones testimoniales.

En ese punto, el juez Ortiz también le dio un tirón de orejas al fiscal Rodríguez. Fue al dejar plasmado por escrito en una providencia que "indique al el Ministerio Publico Fiscal respecto al pedido declaración testimonial las circunstancias y hechos sobre los cuales deberán deponerlos testigos y poder determinar la pertinencias de las mismas”.

Las diferencias en este punto es que el fiscal Rodríguez le pidió al juez Ortiz que cite en carácter de declaración testimonial a personas que podrían haber cometido delitos en el marco de la investigación de la causa de las expropiaciones.

Entre los 15 testigos que pide el fiscal Rodríguez están el abogado Fabián Mazzanti, quien es cuñado del ex juez Macchi y estuvo vinculado a causas de expropiaciones; Verónica Capriotti, quien era Secretaria en el juzgado que dirigía Macchi y allí se tramitó una causa de expropiación que involucraba al padre de la funcionaria judicial; y a Juan Luis Palana y su esposa Elsie Adela Zavalla, suegros de Graffigna y a quienes el abogado usó como testigos en una de las causas en la que Macchi falló a favor de él en cifras millonarias.

Lo que hizo el juez Ortiz fue pedirle al fiscal Rodríguez que le diga por qué motivo debería citar a esas personas como testigos. El juez busca que quede constancia legal del pedido del dueño de la acción pública en la investigación.

Estas son algunas de las medidas que dispuso el juez Benito Ortiz, en base al requerimiento del fiscal Rodríguez, para investigar penalmente al ex juez Carlos Macchi, con la intención de ver si se enriqueció ilícitamente.

Mediante el envío de oficios, pedirán información "al Registro de Propiedad Automotor de la Provincia”. Y también a los concesionarios de automóviles "Goldstein, Automotores San José. Boulevard París, Escobar SACIFI; France Motors, Sr. González, Itala, Citröen Le Pont y Rombolá SRL.