Por Gustavo Martínez Puga
Barrio San Martín: ¿Un negocio inmobiliario detrás del reclamo vecinal?
Tras tomar estado público el escándalo por la deuda millonaria con la AFIP, los departamentos se desvalorizaron un 30 %. Dicen que antes pasó lo mismo y apareció gente que aprovechó y compró hasta 9 departamentos. Por Gustavo Martínez Puga.
Incluso, todos recuerdan que por esos días apareció una abogada comprando 9 departamentos, que sorprendió a todos porque no era alguien con poder adquisitivo. Luego se supo en el barrio que respondía a una inversión de una conocida ex dirigente local.
Ahora el temor es que esté pasando lo mismo.
Según fuentes ligadas a la organización vecinal, en la última asamblea del 19 de octubre de 2013 se nombró a una “comisión de crisis” que está integrada por una abogada que es propietaria de cinco departamentos y por un contador que tiene un departamento y ambos tendrían una misma particularidad: ninguno viviría en el barrio, lo que es una condición indispensable en la ley de propiedad horizontal, la 13.508, la cual fue modelo a nivel nacional en los ´80. A esto se agrega que el apoderado nombrado en esa “comisión de crisis” no tendría debidamente acreditado el poder para integrar una comisión.
La ley 13.508 dice que el Consejo Administrativo del consorcio del barrio surge de la votación de los 15 delegados titulares y 15 suplentes que surgen de la elección de los vecinos de cada una de las torres.
Ese Consejo Administrativo está integrado por un Presidente (actualmente es Roberto Zalazar), un Tesorero (Patricia Franz) y un Secretario (de apellido Silva, quien surgió de los “auto convocados y luego fue escrachada por ellos mismos). Estos, más los dos síndicos, son los únicos cargos rentados.
El consorcio del Barrio San Martín arrastra una deuda millonaria con la AFIP. Es por el pago del formulario 931, que corresponde a los aportes de los 25 empleados que tienen para el mantenimiento del complejo.
Actualmente esa deuda global es de 4,8 millones de pesos. Se llegó a esa suma porque desde hace años, sistemáticamente, a quienes administraban el consorcio “se les caía” el plan de pago que hacían con la AFIP. Hasta el 31 de julio último la deuda era de 320.000 pesos más esos 42 planes de pagos caídos.
Los vecinos creen que, en realidad, esa era una maniobra de los administradores para ir aprobando los balances: antes de cada asamblea, iban a la AFIP, hacían un plan de pago por la deuda que les permitía mostrar las cuentas al día, pagaban dos cuotas y luego no pagaban más.
En los últimos dos periodos se pagaron a la AFIP 9 de los 12 meses de cada año. Dicen que es lo que les permitía la recaudación. Para atrás quedó una deuda que viene desde julio de 2005.
Quienes administraron el consorcio explicaron que, de los 719 departamentos que hay, siempre hubo un 30 % de morosos crónicos que no pagaban las expensas. Éstas tienen un monto promedio de 460 pesos. Informaron que, del 1 al 10 de cada más, paga el 40 % de los vecinos; del 1 al 30 un 30 % de los vecinos; y tienen un 30 % de morosos crónicos, generalmente, inquilinos y vecinos de antigua data.
Ante esa realidad, quienes administraron el consorcio dieron prioridad en el pago a los sueldos de los 25 empleados, a la obra social y a la ART.
En diciembre último, un grupo de 10 vecinos “auto convocados” recurrió a la Justicia para conocer cuál era el estado actual de las cuentas del consorcio que recauda, en promedio, 600.000 pesos mensuales. Presentaron una medida preliminar en el Primer Juzgado Civil, a cargo de Héctor Rollán. También pidieron una asamblea para el 28 de diciembre.
Pero el 30 de diciembre, tres vecinos recusaron al juez Rollán y la causa saltó al Tercer Juzgado Civil.
Ante esa situación, los “auto convocados” fueron y realizaron un escrache en la casa del Presidente, de la Secretaria y de la Tesorera. Dicen que a la Secretaria le lastimaron un brazo y que uno de los protestantes llevaba un arma en la cintura. Por eso las víctimas del escrache judicializaron la protesta haciendo una denuncia penal que recayó en el Tercer Juzgado de Instrucción.
Por otro lado, la causa civil por el estado de las cuentas fue rechazada en el Tercer Juzgado Civil y volvió al Primero, a cargo de Rollán. Las cuentas ya fueron aprobadas con un movimiento de 6 millones de pesos en el último ejercicio. Eso implica que, si el juez da el visto bueno, todos los vecinos deberán pagar el 10 % de ese importe (600.000 pesos) al abogado que representó al consorcio.
En medio de las denuncias penales y civiles cruzadas, en el emblemático Barrio San Martín se generaron fuerte diferencias entre vecinos de antaño, quienes además vieron resentido el servicio de limpieza y mantenimiento por la falta de pago de expensas y por los malos manejos administrativos.
Un complejo emblemático
El Barrio San Martín nació en el gobierno de Eloy Camus, quien acordó su construcción con la CGT a través del Banco Hipotecario. Pero luego llegó el golpe militar y los uniformados que tomaron el poder terminaron otorgando departamentos a gente ajena al gremio. Actualmente el barrio tiene 35 años de vida.
El San Martín es el barrio que tiene los departamentos con mayor superficie de construcción dentro del Gran San Juan: 120 metros cubiertos en el caso de los que tienen cuatro dormitorios. También hay unidades funcionales de uno, dos y tres dormitorios. Está pegado a la Avenida Circunvalación, junto al estadio del Club San Martín, en cuya televisación de los partidos solían aparecer las torres del barrio.
Hoy por hoy es un lugar muy cómodo para vivir por su fácil acceso y su cercanía con la Ciudad.
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