La foto del revuelo: ¿Graffigna anda por la calle?

El aspecto físico de la persona de la imagen es muy parecido a Santiago Graffigna y se lo ve ingresando o saliendo del cajero ubicado en el centro de compras un día de semana por la tarde. En el lugar dijeron que una persona lo identificó en la cola para ingresar, y que posteriormente circularon las imágenes capturadas por algunas de las cámaras del centro comercial.

En la semana, el revuelo impactó en la justicia. Porque el miércoles ingresó a la sala II de la Cámara Penal –que le concedió el beneficio a Graffigna- un escrito del 5to. Juzgado para que ese tribunal superior resuelva si investiga una posible irregularidad o no. Paralelamente, la defensa del abogado procesado y detenido en su domicilio, encabezada por Rolando Lozano, hizo otra presentación judicial señalando la posibilidad de una falsa denuncia con el supuesto objetivo de generar condiciones para que le revoquen la prisión domiciliaria.

Lozano dijo a Tiempo de San Juan que él no vio las imágenes sino que tuvo conocimiento "en el juzgado por un presunto llamado anónimo”. "Ante esa situación –indicó- consulté a mi defendido y me dijo que en ningún momento había salido de su casa y que presentara una denuncia para que se investigara ese llamado anónimo, de dónde salió, quien lo hizo y por qué. Es fácil de determinar”. Radicaron la presentación ante la fiscalía en turno, a cargo de Teresa Ravetti de Ramet, quien dará intervención al juez Blejman.

Se abre ahora una doble vía judicial. La sala penal que deberá decidir si atiende la solicitud de averiguar si es o no Graffigna, y el reclamo del abogado en el juzgado de Blejman. En el caso en que resulte ser efectivamente Santiago Graffigna la persona que aparece en la foto, la propia justicia podrá revocar el beneficio que le otorgó en mayo pasado al principal acusado del escándalo más importante de la historia judicial sanjuanina, que pretende establecer si hubo una red de complicidades dedicada a saquear al Estado provincial con fallos inflados por las expropiaciones, en la que habrían participado jueces, abogados, peritos y funcionarios.

Graffigna fue detenido en marzo del año pasado por orden de la jueza que instruyó este escándalo desde el principio, María Inés Rosselot, ya jubilada. Ese día, la magistrada detuvo también al resto de los sospechosos, once en total, a quienes fue liberando a medida que les fue tomando declaración indagatoria. A excepción de Graffigna, quien permaneció detenido y procesado como presunto jefe de una posible asociación ilícita, entre otros delitos que se le imputan.

Estuvo confinado inicialmente en un calabozo desvencijado de la subcomisaría Leiva –correspondiente a su domicilio-, luego en la Brigada Sur y finalmente fue trasladado al Penal de Chimbas, donde mantuvo prisión en las celdas de la enfermería. Hasta que la Sala II de la Cámara Penal decidió concederle el privilegio de la prisión domiciliaria en mayo pasado, una decisión que cayó como un balde de agua helada en todos los allegados a la investigación.

Ocurre que Graffigna no tiene más de 70 años, edad límite desde la cual se puede solicitar esa modalidad de arresto. De hecho, es uno de los 3 privilegiados que tienen el beneficio de mantener prisión en su vivienda particular sin haber llegar a la edad de los 70 años. El argumento que utilizó la sala en su polémica decisión –integrada por Juan Carlos Peluc Noguera, José Atenágoras Vega y Eduardo Gil-  fue que el detenido presentaba una afección cardíaca que no era correctamente atendida en el Penal, junto a otros motivos que levantaron más revuelo: la "condición social” de Graffigna y el "interés” de sus hijos.

Eso hizo que se levantara una oleada de críticas hacia los magistrados, a quienes señalador por haber concedido un privilegio para el detenido, en especial porque existe en el Penal un servicio médico para atender esas dolencias y porque el interés de los hijos o la condición social podría ser invocado por cualquier otro recluso que no tiene ese beneficio.

De igual manera, la sala no volvió atrás en su decisión y entonces el juez a cargo de la instrucción –Benito Ortiz, quien reemplaza transitoriamente a Rosselot- debió imponer las condiciones para esa prisión domiciliaria. Entre ellas figuró una lista de personas habilitadas para ingresar a la vivienda (que Graffigna ya violó, ver recuadro aparte), además de permanecer sin salir de su domicilio particular. A cargo de controlar que esas condiciones se cumplan está el Patronato de Presos, Liberados y Excarcelados.

A lo largo de la prisión domiciliaria que cumple Santiago Graffigna desde el 27 de mayo pasado ya hay constancia de un incumplimiento de las condiciones fijadas para ese beneficio. Por esa razón, al abogado detenido le hicieron una advertencia y le anunciaron que ante un nuevo episodio le sería revocado.

Fue el 21 de octubre pasado, cuando una persona que no figuraba en el listado de visitantes autorizados fue identificada dentro de la vivienda. Ese día, una asistente social del Patronato ingresó a la propiedad y registró a los presentes. En un primero momento, sostuvo que intentaron engañarla: preguntó por una persona y le dijeron que se trataba del contador Vizcaíno –autorizado para ingresar, pero cuando la asistente pidió los documentos, inmediatamente Graffigna dijo que no se trataba de Vizcaíno sino de Rodolfo Zunino, otro contador asociado al mismo estudio.

La asistente registró la irregularidad y la comunicó al Juzgado de Benito Ortiz. A la semana siguiente, Graffigna debió comparecer ante el juez para otra indagatoria y allí le comunicaron que no volviera a violar las condiciones porque le revocarán el beneficio y deberá volver al Penal.