El circuito y las pruebas en la deuda millonaria de la mutual de la UNSJ

Esa posibilidad encuentra una respuesta en datos concretos: tanto en la denuncia y su ratificación en sede judicial hecha por las nuevas autoridades de la AMPUNSJ, como en los archivos contables. Allí se dieron los nombres y apellidos de dos abogados reconocidos en el fuero local como a quienes la mutual les debe 2.860.000 millones de pesos de los 5 millones de pesos que componen esa deuda "ilegal”.

 

 

 

 Los otros 2.140.000 millones de pesos sospechosos que debe la mutual es con dos presuntas financieras que también están siendo investigadas para conocer su legitimidad.

El total de la deuda de la mutual es de 7,5 millones de pesos. Pero hay 2,5 millones que las nuevas autoridades reconocen como deuda "legítima” porque son de prestadores de distintos servicios y está legalmente justificada.

Pero de los otros 5 millones de pesos no hay registros oficiales que digan en qué se usaron, qué destinos se les dio en la mutual, cuánto realmente prestaron esos dos abogados y las presuntas financieras y cuánto les tenía que devolver la mutual.

 

El principal alimento de la mutual es la cuota de los socios, lo que representa un ingreso mensual de 420.000 pesos 

 

 

Por lo menos hay cinco elementos de prueba que podrían llegar a vincular legalmente a los dos abogados y las presuntas financieras con esa deuda "ilegal” y la posible usura a la que sometieron a la mutual del personal universitario.

Uno: los cheques están a su nombre de los abogados. Uno de esos cheques es por 2.260.000 pesos y debía ser pagado por la mutual en marzo próximo. Otro cheque a nombre del otro abogado es por 600.000 pesos y debía ser cancelado por la mutual en diciembre.

Dos: las autoridades salientes les dijeron a las actuales que se les debía mucho dinero a "prestamistas”, a quienes identificaron con nombre y apellido. Esos dichos ya están en poder del juez y llevó a que la fiscal entendiera que hay un delito.

Tres: en los papeles de los balances aparecen los nombres de los dos abogados y de las presuntas financieras con los montos de las deudas que la mutual tiene con cada uno de ellos.

Cuatro: esos dos abogados fueron a hablar con las nuevas autoridades para ver la forma en que iban a cobrar ese dinero y les reconocieron que eran sumas que ellos les habían "prestado” a la mutual.

Cinco: en el Banco Credicoop de la calle Mitre y Mendoza estuvieron a punto de cerrar la cuenta de la mutual en reiteradas oportunidades por los grandes montos al descubierto y varias veces aparecieron los abogados sospechados con dinero que les entregaba a las autoridades de la mutual en la misma vereda del banco.

 

 

Según la denuncia y las confesiones citadas, el circuito que generó la deuda ilegal funcionaba así: a las autoridades salientes de la mutual se les habría escapado de las manos la administración de los recursos económicos. Entonces acudían en forma sistemática a pedir dinero por fuera del sistema legal, donde no hay más requisitos que el interés que se acuerdan entre las dos partes.

Sólo a modo de ejemplo, la operación habría sido así: por un préstamo de 550.000 pesos, los "prestamistas” le hacían un cheque a la mutual por 600.000 pesos. Así, cuando lo cobraban, obtenían una ganancia mensual del 10 %.

En general, la mutual pagaba entre el 9 % y el 11 % mensual de interés de interés por esos préstamos "ilegales”.

Para prestar dinero entre dos partes en blanco debe haber un "Contrato de Mutuo” y los intereses no deben ser "usurarios”. Ahora el juez Blejman deberá investigar si quienes prestaron esos 5 millones de pesos de la deuda "ilegal” a la mutual (los abogados y las presuntas financieras) pagaron impuestos al fisco por esa acción comercial y por esas ganancias que obtuvieron.

 Esas maniobras financieras podrían llegar a configurar el delito de usura.

Pero con la ampliación del requerimiento que hizo la fiscal Teresa Ravetti, al juez Blejman le marcaron la cancha solo para investigar si se cometió el delito de estafa, en la modalidad de administración fraudulenta.

En ese delito podrían haber incurrido las viejas autoridades de la mutual, sobre todo el presidente, el tesorero y la junta fiscalizadora, ya que nadie objetó ese polémico manejo del dinero que se hacía desde la mutual.

 

 

 

  

 

Castro estuvo al frente de la mutual durante tres periodos, entre los años 2005 y octubre de 2014. Cada uno de ellos los ganó con el voto de los socios de la mutual, que le avalaron su gestión en cada periodo de tres años.

Quien seguramente también será citado a declaración indagatoria es el ex tesorero, el ingeniero electromecánico Roberto Bazán. Y habrá que ver si el juez Blejman luego no sigue con alguno de los 20 miembros que constituyeron el consejo directivo anterior.

Según fuentes judiciales, por ahora las únicas medidas que se tomaron en el juzgado de Blejman tienden a comprobar la legalidad del movimiento de las cuentas bancarias y de los registros impositivos ante organismos como la AFIP, tanto de la mutual como a las personas, comercios e instituciones a las que les debe dinero.

Las nuevas autoridades califican de "ilegal” a esa deuda de 5 millones porque aparece en los balances sin que los dos abogados y las presuntas financieras hayan dado ninguna contraprestación de servicio como para que la mutual les deba semejante suma.

Ahora resta probar la legalidad de esos actos que involucra a la comisión saliente de la AMPUNSJ, a dos abogados y a presuntas financieras.

 

 

La mutual del personal de la universidad nacional es una institución que tiene una sede social, como es el inmueble de la calle San Luis antes de Catamarca, y un camping en Pocito, en Ruta 40 pasando Calle 8. Y brinda numerosos servicios a sus afiliados, que van desde préstamo de dinero, de órdenes de compra de supermercado, hasta la organización de viajes y servicios de salud, entre otros servicios.

Actualmente cuenta con 1.800 afiliados, pero en sus épocas doradas llegó a tener 3.500 personas que pagaban para pertenecer a esa institución, donde aseguran que el caso Tellechea fue una explosión a la confianza en sus dirigentes.

La mutual tiene 20 empleados fijos, 10 en el camping y 10 en la sede social.

Hay dos tipos de socios: los activos y los adherentes. Los activos pagan una cuota que va desde los 165 hasta los 350 pesos mensuales. Los adherentes pagan una cuota de 250 pesos. Las nuevas autoridades pretenden elevar el valor de la cuota a éstos últimos a unos 400 pesos mensuales. 

Esa cuota de los socios es el principal ingreso de la mutual, lo que representa un total de 420.000 pesos mensuales. Luego tienen otros ingresos menores que se generan con el alquiler de salones y quinchos para fiestas.

 

La denuncia penal por la presunta estafa que se habría cometido contra la mutual de la UNSJ, reavivó el fantasma del INCJUPEN entre los socios más antiguos de la AMPUNSJ.

Es que está fresco en la memoria de los trabajadores de la universidad nacional el triste final que tuvo el Instituto de Complementación  de Jubilaciones del Personal de la Universidad Nacional de San Juan.

Esa institución terminó quebrada y sus bienes mal vendidos hace un par de años atrás, después de la intervención judicial que logró vender todo y repartir el dinero entre sus socios, como consecuencia de las malas administraciones de la cuota de sus afiliados.

 

 

La mutual del personal de la UNSJ está muy presente en la memoria de los sanjuaninos porque allí trabajaba al momento de su desaparición el ingeniero Raúl Tellechea.

Incluso ex autoridades de la mutual fueron imputadas y están siendo judicialmente investigadas como presuntos autoras de una "desaparición forzada”.

La presunción es que Tellechea, quien ni siquiera era un empleado legal de la mutual, sino que fue el encargado de la parte informática durante años, podría haber sabido de algún presunto mal manejo de fondos en la mutual y eso terminó atentando contra su vida. 

 "Quiero que quede claro que se va a pagar a todo aquel proveedor de la mutual con el que la mutual tenga una deuda legal”.

Omar Cereso, nuevo presidente de la mutual.

 

 

 

En la foto se puede apreciar las bases de hormigón hechas en el camping de la Calle 8, en Pocito, sobre las que se iban a levantar cuatro cabañas para alquilar a los socios. Era el destino que la mutual le debía dar a un subsidio de 564.942 pesos que el gobierno de la Nación le envió en junio de 2013. Fue mediante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Según las nuevas autoridades, "no hay rendición de esos  gastos y del proyecto solo se ejecutaron las bases de hormigón y obras de infraestructura sanitaria por un costo de $186.000, según la documentación presentada. Sobre el resto del subsidio, no existe registro contable del uso dado”.

Ese subsidio también forma parte de la denuncia por presunta administración fraudulenta que se hizo sobre las autoridades salientes de la mutual.