Por Ernestina Muñoz
Canal 13 San Juan
Ahora el IPV escriturará las casas
El camino hacia una casa propia es un sueño que a veces termina en pesadilla. Trámites, espera, financiamiento, más trámites. Más de uno desesperó, pero sobre todo los que iniciaron las gestiones a través de sindicatos o mutuales. En algunos casos, la escritura no llegó más. Y los “propietarios” fueron a golpear las puertas del IPV.
A diferencia de las viviendas para la asistencia social, la operatoria para construir un barrio a una mutual, sindicato o cooperativa implica una serie de traspasos de la propiedad del terreno. Primero, es de la entidad que la vende a sus afiliados o postulantes. Luego, estos la ceden al IPV. Este la cede a la empresa constructora, por el plazo de la edificación. Y aquí llega el aspecto conflictivo. Antes, al finalizar la construcción, el gremio debía afrontar la escrituración. En el caso del Barrio SOEVA (ver recuadro), el sindicato demoró 13 años en notificar fehacientemente a los titulares, acrecentando el monto a pagar por el papeleo. Cuando una escrituración cuesta en escribanía unos 8.000 pesos, ahora el sindicato pide unos 25.000 pesos; con la consiguiente queja de los que deben buscar los recursos para pagar.
Es por esto que el nuevo interventor definió que sea el IPV el que se encargue de la escrituración para luego trasladarla a los dueños de las casas, puenteando a las entidades intermediarias. Así se realizarán los barrios del IPV para los cinco gremios y las dos cooperativas que ingresaron al paquete financiado anteriormente.
El SOEVA, botón de muestra
En Rawson hay 144 familias con temor a perder la casa que pagaron y esperaron porque pasaron 13 años desde el final de obra y aún están sin escriturar. Fueron intimados por el sindicato para pagar $25.000 a cambio del “papelito”. Sorprendidos por la cifra, contrataron a una abogada que investigó el caso y encontró que en Catastro, en la zona del barrio, figura un terreno vacío. “No tienen plano de propiedad horizontal. No tiene existencia jurídica. Desde el gremio aprovechan la situación y presupuestan un monto elevadísimo que la mayoría no está en condiciones de abonar”, contó Érica Agüero. En principio el gremio emplazó mediante carta documento a los vecinos hasta diciembre para pagar, o les quitarían la vivienda. “Y fueron ellos los que no iniciaron en tiempo y forma el trámite”.
Agüero contó que las escribanías consultadas cobran $8.000 a cada familia por escriturar, pero no pueden hacerlo en forma individual porque sin el plano de PH no se puede ni valuar el departamento. “Ni hay base de impuestos y tasaciones, y así también, pueden aprovecharse con un monto arbitrario porque no hay referencia”, analizó.
“En principio nos dijeron que había una deuda de 6 millones en rentas. Eran 400.000, divididos eran 1500 cada uno. Como vieron q nos empezamos a mover, dieron marcha atrás con las intimaciones y ofrecieron financiamiento pero sin justificar la diferencia en los montos. El IPV quiera o no está dentro del paquete. Esto es una decisión política”, finalizó la letrada.