Circula en Tribunales la sensación de que en cualquier momento se presenta un pedido de jury contra el magistrado civil Carlos Machi. Tanto la querella como todos los que participan de la megacausa que investiga si hubo una red dedicada a estafar al Estado con los precios de las expropiaciones entienden que no es una opción para descartar: es el juez civil que participó en la mayoría de los casos bajo investigación penal, fijando los precios a pagar.
Para restregarse los ojos: un juez, entre el jury y el ascenso
Es Carlos Machi, titular de Quinto Juzgado Civil. Por él pasó la mayoría de las causas bajo sospecha en el escándalo de las expropiaciones. Esta semana, apareció como postulante para camarista civil.
El modus operandi que se investiga para llegar a precios increíbles por esas superficies requiere participación interna importante: alguien en Tasaciones que fijara los precios de referencia por esos terrenos, alguien en Fiscalía de Estado que dejara correr los plazos defendiendo al patrimonio público, y jueces que fijaran esos valores astronómicos, tanto de primera instancia como camaristas que los confirmaran.
Carlos Machi tuvo a su cargo el fallo en primera instancia en la mayoría de las expropiaciones investigadas en la megacausa por la jueza penal Rosellot por los precios que fueron fijados. La mayor parte de los de Cuesta del Viento, donde está bajo sospecha la actuación del Tribunal de Tasaciones por esos valores luego convalidados por el juez. También falló en “Ruiz, Guillermo”, el escándalo de la vereda en Matías Zavalla y San José que costó casi $18 millones de capital y otros $8 millones de honorarios. También fue el juez del caso “Canal Playas” –o canal Benavídez-, cuyas extensiones costaron un dineral al igual que “Loebe de Morón” –donde también dictaminó los precios el juez Machi-, que no es otra cosa que el Parque de Mayo y que tiene fallo de primera y segunda instancia por $3.500 millones y aún no se paga porque falta que resuelva la Corte.
En la querella de la megacausa, tanto los abogados como en la propia Fiscalía de Estado analizan si corresponde presentar un pedido de enjuiciamiento del juez. Y si corresponde, en qué momento es conveniente hacerlo. El juez tiene en todos sus fallos el aval de la cámara civil correspondiente, pero igualmente su conducta está siendo rigurosamente revisada. Y no es el único magistrado bajo esa lupa.
Pero a pesar de todo eso, Macchi decidió anotarse como aspirante a camarista civil, un escalón superior en la jerarquía judicial del cargo que ocupa actualmente. Macchi figura como uno de los 51 anotados para los tres cargos de la nueva sala civil recientemente creada para entender en los procesos contencioso administrativo, es decir todos los que se inician contra el Estado.
Entre ellos, Macchi deberá competir con varios colegas magistrados también inscriptos, y de allí el Concejo de la Magistratura deberá seleccionar a tres aspirantes por cargo –es decir 9-, y de esa lista la Cámara de Diputados deberá designar a los tres nuevos camaristas.
La noticia de la postulación de Macchi como aspirante al ascenso causó sorpresa en Tribunales en general y entre los que intervienen en la megacausa en particular. Se restregaban los ojos ante lo que aparece como un caso sorprendente: un juez cuya conducta está siendo revisada –pese a que nunca ha recibido formalmente algún indicio de sospecha en su contra- y que voluntariamente decide redoblar la apuesta y postularse para ascender.
Así las cosas, el destino de Macchi aparece con direcciones opuestas: o se va para abajo o se va para arriba.
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