Huarpes: “Estamos felices y ustedes tienen mucho que ver”

En julio pasado, Tiempo de San Juan contaba la historia de la gente afectada por un juicio por honorarios contra la familia Bravo Cantoni; se trata de una docena de familias que viven dentro de una estancia de 9.824 hectáreas en Encón, que había sido subastada en un 50 %.

El remate de la tierra se realizó el 29 de mayo de 2012, por orden del Tercer Juzgado Civil,  según expediente caratulado “Bravo, Rosa Elena c/ suc. Federico Cantoni s/ filiación”.  “Venta de contado y al mejor postor… Terreno inculto, parcialmente ocupado por usurpadores”, decía el edicto. La familia Cantoni aseguró que esas tierras “siempre” fueron suyas y avalaron con escrituras.

La comunidad, patrocinada por la abogada Andrea López,  presentó un escrito ante el juzgado  con el objetivo de parar el proceso. Esta semana se conoció el fallo con argumentos de reconocimiento histórico para los huarpes.

Carmona contó que el Juez falló reconociendo la existencia de la comunidad reafirmándose en las leyes, el trabajo de relevamiento territorial que los incluye y la personería jurídica de la comunidad. Esa documentación sirvió para que el juez tenga argumentos y herramientas a favor de los huarpes. 

“A todas luces, dista mucho la situación de un usurpador a los pueblos originarios, toda vez que los derechos de estas comunidades se encuentran protegidos por convenios internacionales de rango constitucional”, dice el fallo de juez Arancibia.

Y agrega que la comunidad “ha venido ocupando el inmueble subastado de manera efectiva, actual, pública, pacífica e ininterrumpida desde tiempos inmemorables”.
Además, consideró que el territorio que habita la comunidad se encuentra reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el que llevó a cabo un relevamiento técnico catastral de las tierras de la comunidad en el 2010.
“Es la primera vez que en San Juan los pueblos originarios tenemos este reconocimiento, es difícil que pase, se dio en lagunas provincias, pero en el país es difícil lograrlo; por eso es tan importante, no sólo por nuestra comunidad, sino porque sienta precedente para otras comunidades de la provincia”, dijo Carmona.

 El fallo del Juez resolvió suspender la ejecución de la sentencia del remate hasta el 23 de noviembre del 2013, esto está relacionado al plazo establecido en la prórroga de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica esté reconocida, como lo es en este caso.

“Eso significa que cumplido ese plazo debería salir una nueva prórroga o alguna otra norma que resuelva definitivamente el tema de las tierras. Si no el juez debe volver a revisar, pero ya estamos reconocidos como legítimos descendientes y propietarios de la tierra”, explicó Carmona.