Tras el pedido que encendió la polémica, el Foro de Abogados marcó la cancha por la representación

En su pronunciamiento, el Foro ratificó que tiene las facultades legales para controlar la matrícula y recordó que, por mandato normativo, ostenta la exclusividad en la administración de la matrícula, lo que lo posiciona como autoridad central en el ejercicio profesional. Además, señaló que cualquier acción contraria genera “confusión” y constituye un ataque al sistema de colegiación legal.

Frente a ello, el Directorio sostuvo que su accionar se encuentra “estrictamente amparado” en la Ley 127-A, norma que regula el funcionamiento del Foro y delimita sus competencias. Bajo esa base, la institución advirtió que no permitirá acciones que vulneren el ejercicio profesional ni el marco legal vigente, y fue más allá al calificar como un “avasallamiento” cualquier intento de representación externa que invada atribuciones propias del organismo. En esa línea, anticipó que impulsará “todas las gestiones necesarias” para resguardar sus potestades.

El trasfondo del conflicto se vincula con una presentación realizada por sectores internos, como lo son Abogacía Independiente y Foro Independiente, que solicitaron la remoción de miembros del Directorio ligados a Abogacía Transformadora. El planteo, firmado por Héctor Vizcaíno, sostiene que dicha asociación civil se estaría arrogando funciones que corresponden exclusivamente al Foro en su carácter de persona jurídica de derecho público no estatal.

Entre los puntos cuestionados, se menciona que la agrupación incluiría en su estatuto facultades como representar a abogados en el ejercicio profesional, peticionar ante autoridades, intervenir ante casos de violencia institucional e incluso iniciar acciones judiciales y administrativas en nombre de sus asociados. Para los denunciantes, estas atribuciones implican una “superposición funcional” y una posible “invasión de competencias”.

El pedido de remoción se apoya en el artículo 98, inciso 4 de la Ley 2406-A, al considerar que existe un “evidente conflicto de intereses” por parte de los directores involucrados. La presentación también deja abierta la posibilidad de que situaciones similares alcancen a integrantes de la Asociación de Abogados Penalistas.

Desde el otro lado, el titular de Abogacía Transformadora, Marcelo Álvarez, rechazó las acusaciones y se mostró molesto por la iniciativa. “Es una vergüenza, es evidente el desconocimiento del derecho”, afirmó, al tiempo que defendió la legalidad de la entidad y su rol en la defensa de los intereses de sus asociados. Según indicó, la asociación cuenta con aprobación oficial tras un “exhaustivo análisis” de su estatuto.

Con posiciones cada vez más tensas, el escenario dentro del Foro de Abogados anticipa una disputa de fondo sobre los límites de la representación profesional y el alcance de las agrupaciones dentro de la vida institucional de la abogacía sanjuanina.

El comunicado