Sin el pliego de la jueza Michelli, el Senado tratará hoy otros nombramientos judiciales y el acuerdo con los bonistas de 2001

Según lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, el Senado le dará ingreso formal al pedido del presidente Javier Milei para retirar el pliego de Michelli. De esa manera, la comunicación quedará oficializada en la Cámara alta, aunque su tratamiento quedará postergado para la próxima semana.

El pliego de Michelli generó una fuerte controversia interna en La Libertad Avanza. La tensión escaló cuando la senadora Patricia Bullrich le anticipó el lunes pasado al Presidente que no acompañaría el retiro de la postulación y hasta puso a disposición su renuncia como jefa del bloque libertario.

La postura de Bullrich fue acompañada por sectores de la oposición dialoguista, que habitualmente construyen mayorías con el oficialismo en el Senado.

La calma llegó después de la reunión de Labor Parlamentaria del miércoles, donde quedó establecido que la próxima semana se convocará a una nueva sesión para tratar tanto el pliego de Michelli como el pedido de retiro solicitado por Milei. Además, Bullrich se reunió en la Casa Rosada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y luego publicó una foto del encuentro. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió en sus redes sociales.

Los pliegos de los jueces

En la sesión de este jueves, el oficialismo pondrá en consideración 50 nombramientos de jueces federales sobre un total de 73 que ya cuentan con dictamen de la Comisión de Acuerdos, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto.

Los otros 23 nombramientos quedarán para otra oportunidad. Entre ellos figuran los pliegos cuestionados de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, señalados por sus vínculos con autoridades de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la entidad. También quedará pendiente el pliego de Juan Manuel Mejuto, a quien el oficialismo y sectores de la UCR vinculan con el kirchnerismo y con la agrupación Justicia Legítima.

Dentro de los 50 pliegos que serán tratados aparece el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti. Fue propuesto como vocal del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe.

También integran la lista Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; Javier Arzubi Calvo, exsecretario del juez Ariel Lijo; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga, entre otras causas, el caso Libra.

Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Otro de los temas centrales de la sesión será el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado al Congreso por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, al Código Procesal y a otras normas vinculadas con el régimen de propiedad.

Entre sus principales puntos, propone cambios en el sistema de expropiaciones y desalojos, elimina restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros y modifica la Ley de Manejo del Fuego, especialmente en lo referido al cambio de uso del suelo en tierras incendiadas.

Durante el debate quedó fuera de la iniciativa la delegación en provincias y municipios de la regularización de barrios populares incluidos en el RENABAP.

El proyecto también redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que quedarán limitadas al valor de mercado y a los daños directos, con exclusión de ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que las ocupaciones temporarias no podrán extenderse por más de 60 días.

La propuesta introduce además cambios en los mecanismos judiciales para desalojos y en los esquemas de regularización dominial, con criterios más estrictos sobre la ocupación de tierras. Desde el oficialismo aseguran que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

Acuerdo con los bonistas

El último punto de la sesión será el acuerdo alcanzado con bonistas que no ingresaron a los distintos canjes de deuda y mantuvieron litigios contra la Argentina en tribunales estadounidenses.

La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial pendiente para el país.

El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska, entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016. El texto requiere aprobación legislativa para su implementación.

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El acuerdo establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.

El entendimiento prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.