Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.
SUSCRIBITEEl secretario General del sindicato minero, Iván Malla, no habló sobre la situación judicial que atraviesa el secretario Adjunto, Gustavo Rodríguez, acusado de balear a un adolescente de 16 años en Rawson.
Iván Malla.
El domingo 20 de junio, el secretario Adjunto de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Rodríguez, estuvo atacó a balazos a un adolescente de 16 años en Rawson. Es el segundo hombre más importante en el sindicato de mineros. Sin embargo, el secretario General, Iván Malla, eligió el silencio ante la consulta de este diario. Ya pasaron once días del hecho y no hubo un comunicado oficial, ni siquiera una publicación en redes sociales.
Rodríguez, número dos de AOMA San Juan, fue detenido por su presunta responsabilidad en un violento hecho ocurrido en el barrio Río Blanco, en Rawson. Según la investigación de la UFI Genérica, ese domingo por la tarde se desató una pelea entre jóvenes que terminó con un adolescente de 16 años gravemente herido de un balazo en la pierna izquierda, con compromiso en la arteria femoral. Tuvo que ser operado de urgencia para evitar consecuencias mayores.
Las pesquisas apuntan a que uno de los hijos de Rodríguez habría participado de la golpiza al adolescente. Tras ese episodio, un grupo de personas habría ido a la casa del dirigente a atacar el frente a pedradas, en venganza. Fue entonces cuando, de acuerdo a la hipótesis policial y judicial, Rodríguez y sus hijos salieron armados a enfrentarlos. Testimonios claves lo señalan como el autor del disparo que terminó hiriendo al menor. Tres de sus hijos también fueron detenidos. Aunque actualmente aguardan el proceso judicial en libertad por decisión de la jueza Verónica Chicón.
Lo que genera inquietud en el ámbito sindical y político es la postura de Malla, que eligió el mutismo frente a una situación crítica que toca de lleno a la estructura de AOMA, aún cuando el hecho no sucedió en el interior de las instalaciones sindicales. Ni siquiera se conocen decisiones internas respecto a cómo abordarán institucionalmente el caso de su secretario Adjunto señalado como autor de un delito grave. ¿Será apartado? ¿Pedirán su licencia? ¿Lo respaldan o lo repudian? Nada de eso fue sido informado.