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domingo 5 de abril de 2026

Polémica en Tribunales

El mapa de los ascensos en el Poder Judicial

Después de que se conocieran los nombres del personal judicial que fue beneficiado con un ascenso, fuentes ligadas a los mismos señalaron los vínculos de algunos de ellos con autoridades de las altas esferas de la Justicia y del gremio que representa a los trabajadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan

Luego de que a fines de la semana pasada se generara polémica por los ascensos dentro del Poder Judicial, pues la Acordada de la Corte de Justicia no se había publicado y se hallaba bajo siete llaves sin razón aparente, este lunes Tiempo de San Juan dio a conocer los nombres que figuran entre los beneficiados con la promoción y más de uno provocó suspicacias por los vínculos que representa.

Es que, de los 246 ascensos que fueron aprobados por la máxima autoridad judicial, aparecen algunos agentes judiciales que dieron de qué hablar ya sea por su parentesco o amistad con las altas esferas de la justicia sanjuanina, o bien, por el rol que cumplen dentro del gremio que representa a los empleados judiciales.

Por una parte, las fuentes señalaron dos nombres que estarían vinculados con uno de los miembros de la Corte, es decir, con Juan José Victoria. Se trata de Agustín Voena y de Gonzalo Victoria, quienes serían los sobrinos del cortista. El primero, que tendría unos 35 años, ascendió al cardo de Oficial Principal; mientras que el segundo, de unos 28 años, ascendió al cargo de escribiente. Otro de los ascensos que llamó la atención es el de Guadalupe Olivares Allende, la hija del cortista Daniel Olivares Yapur, que ascendió a oficial técnico.

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Además de los lazos de los agentes judiciales con la Corte, las fuentes destacaron que hubo otro judicial relacionado con las autoridades. Sería Eduardo Gargiuolo, sindicado como un "gran amigo" del Secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera. El mismo fue ascendido a Jefe de Departamento, junto a otros dos designados.

Cuando el detalle de la Acordada N° 118 era un misterio y no se encontraba por ningún lado, las fuentes que caminan Tribunales a diario describían como sospechosa la actitud del gremio de los trabajadores judiciales, ya que pese a los anuncios de ascenso que la propia Corte había hecho, no se tenían noticias de ello y la Unión Judicial no se manifestaba de manera pública al respecto.

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Si bien sólo se trata de mero contexto, algunas fuentes linkearon tal cuestión con las designaciones, pues en las mismas hay al menos siete miembros del gremio, entre ellos, el secretario general, Sebastián López Balaguer. El líder de la UJ ascendió a Jefe de Despacho.

Además de la cabeza de la Comisión Directiva, también ascendieron Mabel Fátima Amicarelli (Auxiliar Ayudante), María Eugenia Orquera (Secretario de Paz Letrado), Carolina Manrique Cobos (Secretario de Paz Letrado), Andrés Bongiovanni (Oficial Principal) y las hermanas Pamela Liliana y Ana Yanina Cereceda (Escribiente Mayor y Oficial Técnico, respectivamente).

A partir de que los ascensos quedaron a la vista de todos, las especulaciones ganan terreno y es por eso que resuena el concepto de "familia judicial", aunque pocos se animan a decirlo a viva voz. La resolución que convalidó el movimiento interno del personal contó con la firma de todos los cortistas y del sustituto provisorio de Eduardo Quattropani, Daniel Galvani, al frente del Ministerio Público.

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La última vez que el Poder Judicial registró ascensos fue a fines de 2024, cuando la Acordada de la Corte que los propició causó revuelo. En aquel entonces, 341 personas en distintas categorías (magistrados, empleados y personal de maestranza) fueron promovidas y ello derivó que se registraran 73 vacantes, que debieron ser cubiertas. Sin embargo, ese no fue el motivo que provocó el estallido, sino algunos nombres que figuraban en el listado de ascendidos.

Es que aparecía Eva Graciela De Sanctis Sánchez, la hija del cortista Guillermo De Sanctis, quién firmó la acordada que promovió el ascenso de su propia hija. Ese hecho provocó reacciones de todo tipo y, aunque no existía un impedimento legal para excusarse, más de uno señaló que se trataba de una falta a la Ley de Ética Pública.

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