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SUSCRIBITEEn el IPV están a full con los operativos para detectar situaciones irregulares con las casas que entrega el Estado. Es solo el inicio de un largo camino. Para poder contar rápido con los inmuebles y volverlos a sortear el organismo estudia cómo achicar los plazos.
El IPV de San Juan controlando casas entregadas en los barrios (foto de Archivo).
En San Juan casi 44.000 familias están expectantes por el primer sorteo de casas que hará la gestión de Marcelo Orrego. Además de eso, lo que hace a este suceso especial es que los 219 techos que irán al bolillero son de casas que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) logró "recuperar" de convocatorias anteriores, debido al incumplimiento de requisitos, falta de documentación o ausencia de postulantes.
Es decir, que a la par de la construcción de viviendas es clave el control de las que fueron adjudicadas, de manera que el sistema estatal sea aprovechado para lo que fue creado. La demanda es grande, con cerca de 90.000 anotados en el IPV tras el sueño de la casa propia. En este marco, el organismo está buscando achicar los plazos para poder revocar la adjudicación de viviendas que no están siendo usadas como corresponde.
Para detectar casos de posibles malos usos de la vivienda, lo que se traduce en tenerla abandonada o alquilarla o dejar de pagarla, entre otras circunstancias, el IPV recibe denuncias anónimas al mismo tiempo que hace operativos por los barrios. Este paso es complejo, debido a que el personal del organismo no da abasto con la cantidad de viviendas a chequear, y es solo el primer paso de un largo camino hasta que se logra recuperar la vivienda para re-adjudicarla a quien realmente necesita y cumple con los requisitos y condiciones. Por eso, el foco del IPV está en acortar el tiempo del proceso, si es posible a la mitad.
"Hoy por hoy tenemos unas 100 viviendas que hemos detectado desocupadas. Y se está trabajando para ver cómo se pueden llegar a achicar los plazos, porque la verdad es que, tanto los administrativos como legales, son muy extensos, para que termine la revocación definitiva", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN la directora del IPV, Elina Peralta.
¿Hoy cuánto demora el trámite? "Nosotros pedimos la revocación inmediatamente, después las familias tienen 20 días para hacer una contestación, y tienen un ida y vuelta, se agotan todas las instancias administrativas, después pasa a la parte legal, que eso también tiene su tiempo, la verdad que puede llegar a pasar más de un año", dijo la funcionaria.
"Estamos buscando la posibilidad, desde lo legal, de ver cómo achicamos esos plazos. No puedo dar precisiones porque es algo que se está evaluando, Hemos pedido que se estudie qué posibilidades hay, pero siempre dentro del marco legal", precisó Peralta.
Quienes están analizando el asunto son los equipos de Asesoría Letrada del IPV, en coordinación con Asesoría Letrada de Gobierno. La expectativa oficial es poder cambiar el sistema en lo que queda del año, pero no hay certezas, porque incluso se necesita una ley para poder lograrlo.
"Entiendo que sería una modificación de ley. Recién estamos con este tema como en pañales, por decirlo así. Recién se está empezando a evaluar porque desde que nosotros hemos pedido la revocación de las viviendas, las primeras viviendas que empezamos a detectar, resulta que todavía están en proceso. Entonces hemos pedido que evalúen esta posibilidad", destacó Peralta.
Las opciones para poder hacer más cortos estos plazos por el lado de la parte estatal debe procurarse de tal manera que no se vulneren derechos de las personas. El IPV apunta a hacer cambios en la instancia administrativa y legales.
Los casos de revocación requieren de la intervención de Fiscalía de Estado, con la que también están consultando cómo hacer más expeditivo el procedimiento, dijo la funcionaria.
Peralta sostuvo que les ha sorprendido la cantidad de casos de mal uso de las viviendas. "La verdad que sí. Más que nada de la desocupación. Hoy tenemos un padrón de 100 viviendas en ese estado, y el equipo sigue trabajando. Aparte, a medida que nosotros hablamos de este tema por los medios, siempre hay familias que están a denunciar y estamos atentos a todo tipo de denuncias para verificar".
Cuando se logra revocar la adjudicación, hay casos en los que las viviendas ya han sido usadas. "Hay casos que están en buen estado porque se verifica desde lo técnico, la obra se verifica. Si está en buen estado, se pone a disponibilidad de nuevos sorteos. Y si no, se repara lo que haya que reparar. Pero se acondiciona para que estén habitables", precisó la funcionaria.
Por ejemplo, de esas 100 que se detectaron desocupadas, "hay de todo", dijo la funcionaria. "Algunas iniciaron pequeñas obras como medianeras e igual las abandonaron y hay casos que directamente se nota que nunca hicieron ocupación. La verdad que nos encontramos con todo tipo de situaciones. Esto ya es más difícil verificar a no ser que haya alguna denuncia específica. Si hay alguien que está viviendo ahí por usurpación o porque alguien se la alquiló. O sea, eso ya hay que ahondar y no es muy sencillo de visualizar. Nosotros visualizamos inmediatamente cuando vamos a un barrio que hay una casa desocupada porque se nota claramente que está desocupada. Pero si hay otro tipo de mal uso, ya dependemos de alguna denuncia más específica y entramos a verificar quiénes habitan en esa vivienda y demás".
Estas casas que se recuperan deben siempre ser sometidas a sorteo, según establece la normativa, salvo algunas excepciones. "La ley del IPV establece que hay que entregar las viviendas a través del sorteo. Hay casos muy puntuales que cuando hay una situación de extrema vulnerabilidad se puede resolver porque la ley establece que es a través del sorteo y/o puntaje. Y el puntaje siempre es una extrema vulnerabilidad", explicó Peralta.
Las 100 casas detectadas no pueden ser sorteadas todavía porque recién están en la primera instancia del largo trámite de revocación de adjudicación. No están todavía a disposición del IPV porque siguen aún bajo la órbita del adjudicatario.
"Nosotros estamos buscando que estos casos se achiquen. Nosotros pedimos revocación, pero la persona puede darnos vueltas con esta revocación mediante las instancias administrativas y las instancias legales. Entonces es un proceso muy extenso. Esas 100 viviendas, si bien están desocupadas, todavía no podemos tomar la posesión de esos bienes. Por eso tampoco podemos estar pensando en qué momento las podemos poner a disposición de un sorteo. Porque hasta que no terminen todas estas instancias, no tenemos la posibilidad de decidir", dijo la funcionaria.
Por eso, el del 23 de julio será el único sorteo que se hará este año. "Estamos trabajando para el año que viene hacer más sorteos. De más viviendas que han ido quedando libres como en esta situación. El año que viene también tenemos un plan de entrega de viviendas. Ya el gobernador en su momento va a ir comunicando cuál va a ser su compromiso para el año que viene, pero puede ser que haya similar cifra o más que este año", destacó la titular del IPV San Juan.
Según la Ley 196-A, de creación y regulación del IPV, las viviendas que no estén canceladas no pueden estar deshabitadas ni ser alquiladas o vendidas. Por incumplimiento de estas condiciones, el organismo puede iniciar el proceso de revocación.
Por ejemplo, si detecta que se puso en alquiler la vivienda a un tercero, por parte de quien tenía la posesión, el Instituto intima a la desocupación del inmueble bajo apercibimiento del inicio de la acción judicial de desalojo y si se da el incumplimiento, se remiten las actuaciones a Fiscalía de Estado, que es la que representa al Estado en acciones judiciales. En este marco, se inicia un juicio de desalojo y se ordena esta medida junto con la entrega de la posesión de la vivienda nuevamente al IPV.
Según la Ley del IPV, son causales para revocación de la vivienda las siguientes situaciones:
El artículo 21 de la Ley 196-A, de creación y regulación del IPV, dispone que las viviendas serán adjudicadas una por cada familia y por única vez, teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Además, determina la facultad del IPV de asignar viviendas en venta, locación, comodato o préstamo de uso, considerando la capacidad de pago de los grupos familiares.
La entrega de la llave implica otorgar la posesión del inmueble, pero no convierte al adjudicatario en dueño del inmueble. Dicha calidad se adquiere una vez que la vivienda adjudicada en venta se cancela y se realiza la escritura respectiva. Mientras esta circunstancia no se cumpla, los adjudicatarios sólo detentan un derecho personal respecto de la vivienda, ya que el terreno está inscripto a nombre del Instituto.
Así, la norma establece claramente que las casas del IPV que aún no están canceladas no pueden estar deshabitadas ni tampoco pueden ser alquiladas o vendidas. Además, es obligación del adjudicatario ocupar la vivienda en forma inmediata, haciéndose responsable de su conservación.
En caso de presentarse alguna irregularidad, el Estado inicia el proceso con el objetivo de recuperar la vivienda. Al tomar conocimiento de una posible irregularidad habitacional, el IPV evalúa los antecedentes de la unidad habitacional, verifica el estado de deuda y realiza una visita social en el domicilio. De confirmarse la irregularidad, emite un informe al área legal y comienza el proceso de revocación de derechos.
Una vez notificado el adjudicatario de la resolución de revocación, se le da diez días para apelar o renunciar a sus derechos de adjudicación. En el caso de apelación, el proceso continúa en el departamento de legales. En el caso de renuncia, se firma la revocación y la vivienda vuelve a quedar disponible para ser adjudicada por el IPV.
Por último, para realizar la denuncia anónima de irregularidades en viviendas del IPV, deshabitadas, en alquiler o en venta, se debe completar un formulario de denuncia a través de la página oficial del IPV. Una vez realizada la denuncia, el organismo podrá intervenir para la recuperación de esa vivienda. Es de destacar que las viviendas denunciadas no se entregan a los denunciantes.
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